El otrora vicepresidente Pablo Iglesias decía que no se puede dejar la Justicia «en manos de cuatro jueces reaccionarios». En aquellos tiempos, Sánchez se llevaba las manos a la cabeza con semejante afirmación, pero al final ha acabado haciendo lo que pedía el dirigente podemita. Iglesias insistía en la necesidad de controlar el CNI, los medios de comunicación, la Fiscalía y el Poder Judicial, y Sánchez le contestaba que lo importante eran la Sanidad y la Educación. Claro que pronto olvidó tal planteamiento para hacer lo contrario de lo que dijo. Hemos pasado del énfasis social a la urgencia por el control judicial, para evitar que siga habiendo jueces y fiscales profesionales, de esos que no le bailan el agua al PSOE.

Teniendo claro el objetivo, se trata ahora de vestirlo para que parezca una necesidad imperiosa, la modernización del sistema, algo que nos exige Europa, etcétera. Cada vez que el Gobierno quiere colarnos algo inasumible, se inventa la excusa europea, como ocurre con los dos proyectos de ley propuestos para modificar el acceso a la carrera judicial, amén de la reforma de la Fiscalía. Quieren colar por la puerta de atrás a casi un millar de jueces sustitutos que no han tenido que opositar, como sí hizo la inmensa mayoría. Dice la oposición que es una manera fácil de meter en la carrera a quienes fueron colocados a dedo, para «recortar» así el número de «conservadores», suponiendo que sean conservadores cuantos superan las oposiciones, cosa que no es verdad. Nombrándolos a dedo, es sencillo ejercer su control sin estar sometidos a la lotería opositora. También en el caso de los fiscales, más fáciles de dirigir por el poder político, dado que lo permite el propio régimen del Ministerio Público.

Claro que Félix Bolaños va más allá, pretendiendo que sean los fiscales quienes dirijan los procedimientos de investigación, hurtando esa potestad a los jueces instructores. Tal orientación, existente en una mayoría de países europeos, sería admisible si estuviéramos ante una Fiscalía no dependiente y neutral, algo que no ocurre en las actuales circunstancias de híperdependencia, cuyo exponente más claro es la actuación abiertamente gubernamental del fiscal general del Estado, el procesado Álvaro García Ortiz. Si de la Fiscalía dependiera, no tendríamos hoy ni el «caso Begoña» ni el «caso hermano», y menos aún el «caso fiscal general». Ergo, la autonomía del procedimiento judicial está claramente en peligro con la reforma bolaña, planificada para acabar con la división de poderes, aun a costa de erosionar las instituciones democráticas, como decía «The Economist».

Jueces y fiscales pararon ayer durante diez minutos su actividad como señal de protesta. La mayoría ya plantea que habrá que ir a la huelga, aunque tampoco eso impedirá al Gobierno de Pedro Sánchez seguir adelante con sus planes. Tendrá que haber más movilizaciones, pues como dicen los propios jueces, la reforma no se basa en demanda social alguna, pues no la piden los tribunales, no ha sido negociada y tampoco atiende a ni una sola de las reclamaciones tradicionales de la administración de Justicia, en la que faltan medios, hay disgregación administrativa, exceso de burocratización, escasa productividad e ineficacia manifiesta, amén de que son necesarias más plazas de oposición, que por alguna razón no se convocaron estos últimos años.

Mejor colocar a dedo a los jueces, bajo el paraguas temporal de la «sustitución», para luego regularizarlos como si hubieran aprobado una oposición. La jugada está al descubierto. Y Sánchez va a tener el apoyo total de sus asociados, Puigdemont incluido. Por eso debe quedar claro que no es este un problema solo de los titulares de los juzgados, sino que afecta a la sociedad entera. Un poder judicial independiente es garantía de imparcialidad para todos.