PP, PNV, Junts y Vox impedirán los excesos del plan económico de Sánchez

El sector económico, especialmente el catalán, ha empezado ya a hacer movimientos para jugar a su favor con la precariedad parlamentaria en la que se tiene que mover el Gobierno de coalición en esta nueva legislalura. El reparto de escaños da para que la derecha pueda articular un «muro», usando el término que utilizó el presidente Pedro Sánchez en la sesión de investidura, contra el programa económico y social de la coalición. Fiscalidad, relaciones laborales y otras decisiones ligadas con el tejido empresarial, que entran en el programa del pacto PSOE-Sumar, tienen muy estrecho margen de prosperar. De manera muy embrionaria se teje la base, y construir este frente es un objetivo que figura además en la cabecera de la acción política del principal partido de la oposición.

Vox ha sido un obstáculo insalvable para la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero no lo será para el día a día parlamentario, porque tanto PNV como Junts afrontan esta nueva legislatura con la voluntad, según confirman fuentes solventes, de estudiar iniciativa a iniciativa, y, si es «razonable» y coherente con sus intereses y su programa, ahí ya no habrá cordón sanitario contra el Partido Popular por el hecho de que por medio también entre la coincidencia con los de Abascal en el sentido de voto.

Tanto en la oposición como en el ámbito económico dan por hecho que los Presupuestos del próximo año saldrán adelante porque Hacienda implementará en ellos todos los compromisos asumidos en los acuerdos de investidura.

Sánchez tiene asegurado este primer año de mandato, no solo por los Presupuestos, sino porque legalmente no pueden convocarse elecciones. Y tiene también por delante otro año con la prórroga de estos Presupuestos. Pero a partir de ahí son los propios socios los que dejan el futuro del nuevo Gobierno de coalición muy abierto: por razones políticas y también económicas, ya que sus perspectivas sobre la implementación de las nuevas reglas fiscales de la UE no son muy halagüeñas, en un contexto de ralentización económica y de que empiecen a notarse de verdad en la economía los efectos de las subidas de tipos de interés, que siempre van por detrás del momento en el que el BCE toma sus decisiones. El Gobierno de coalición tiene que cumplir con los acuerdos de investidura, tanto con Junts como con el PNV, cuyo presidente, Andoni Ortuzar, ya advirtió ayer, en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, que lo que han negociado con Sánchez, incluidos traspasos como la gestión de la Seguridad Social, debe estar aprobado en el plazo acordado, dos años, y si no es así, aunque no haya moción de censura, puede decirse que la legislatura habrá llegado a su fin porque el PSOE empezará a perder votación tras votación. Ahora, sin moción de censura, la realidad es que Sánchez puede resistir en Moncloa el tiempo que quiera, a pesar de estar atado de manos en el ámbito legislativo.

Antes de llegar ahí, el presidente Sánchez tendrá que hacer equilibrios en el alambre en dos pistas distintas. Por un lado, la de la ejecución del pacto político firmado con Puigdemont, y que sí incluye el denominado «lawfare», que luego se dejó fuera en el texto de la ley de amnistía. Y, por otro, en la gestión en el día a día de la aplicación de un programa que hasta en su vertiente más social puede encontrarse con un muro que condene al cajón al pacto de la coalición. Ésta tiene, además, la amenaza de que las presiones por la derecha cuentan con su alter ego en la izquierda, representadas en los cinco diputados de Podemos.

Las elecciones europeas, y puede que también vascas (marzo), y habrá que ver qué pasa con las gallegas, supondrán otro paréntesis en la recolocación de las piezas en el nuevo tablero parlamentario. Ya se habla de la intención del Gobierno de aprobar un Real Decreto ómnibus antes de final de año, que incluiría las primeras decisiones para ejecutar el pacto con Puigdemont sobre el regreso a Cataluña de las empresas que se marcharon por el «procés», vía incentivos, por ejemplo.

Pero las próximas campañas electorales influirán en los alineamientos en el Congreso y será a partir de septiembre del año que viene, y con los resultados de las europeas en la mano, cuando empezará una nueva fase de la legislatura donde el frente de la derecha tendrá mucho más espacio para hacerse notar.

Mientras, el ex presidente de la Generalitat, que sigue en situación de huido de la Justicia española, ya ha conseguido dos grandes éxitos: ha recuperado la atención internacional en una causa, la de la independencia de Cataluña y el «procés», que había pasado al olvido, y, además, tiene en su mano la amnistía.

En cuanto a lo primero, el dirigente soberanista había incluso renunciado a seguir machacando en sus intervenciones en el Parlamento Europeo con sus mantras políticos de denuncia contra el Estado de Derecho español, y que usaba con una clara intención de favorecer su defensa penal. Pero el viraje de los socialistas para conseguir su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez le han permitido volver al centro de la escena.

La izquierda culpa de ello a la derecha por haber trasladado este debate nacional a las instituciones comunitarias con su denuncia en el Parlamento Europeo, y que irá acompañada de más actuaciones, si bien la realidad es que el debate ya traspasó las fronteras sólo con las imágenes de las masivas protestas que han acompañado al proceso de investidura del secretario general socialista, y con las que también han protagonizado grupos radicales en la sede nacional del PSOE o con el intento frustrado de cortar la A-6 para dirigirse al Palacio de la Moncloa.

Para el aniversario de la Constitución, el próximo 6 de diciembre, el PP encabezará otra gran manifestación contra los acuerdos de Sánchez con Puigdemont.