En 2024 se produjeron 16.878 agresiones a policías y guardias civiles. Más de 1.400 ataques al mes, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, que parecen no tener mayor importancia para su titular, Fernando Grande-Marlaska. Una situación alarmante que no es nueva y que pone sobre el tapete la merma de seguridad "personal y jurídica" que sufren los agentes en nuestro país. "Debido al escaso reproche penal de este tipo de ataques, la impunidad se abre paso", denuncian desde la Confederación Española de la Policía (CEP).

Dada la desidia del Ejecutivo español, en diciembre de 2023 este sindicato policial registró una petición ante el Parlamento Europeo para atajar un problema que afecta tanto a España como a otros países de la UE (Francia, Alemania, Polonia...). ¿El objetivo? Lograr mayor protección jurídica para los agentes frente a las agresiones y establecer un mismo castigo penal para los delitos de atentado a la autoridad. Porque, a su juicio, urge la aprobación de una Directiva que otorgue tanto a los policías, como a los guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones y de aduanas, la condición de profesión de riesgo. Asimismo, para poner fin a esa impunidad que impera en los agresores, sería necesario calificar como "eurodelito", los ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Hay que homogeneizar el castigo penal en todos los países para que agredir a un agente no salga gratis", reiteran.

Un llamamiento que sí ha sido tenido en cuenta desde Europa y cuya respuesta llegaba en forma de visita oficial. "Por primera vez en la historia", señalan, ocho eurodiputados han viajado a nuestro país para conocer sobre el terreno los hechos denunciados. Un viaje que comenzó ayer y que incluye visitas oficiales a Barbate, Algeciras y Sevilla, donde el problema del narcotráfico se ha agudizado ante la pasividad de Grande-Marlaska. Así, desde la CEP recuerdan que en 2024 la provincia gaditana también vivió su propio récord histórico de agresiones a policías y guardias civiles, con 507 delitos de este tipo (un 7,64% más que en 2023 y un 10,5% más que en 2018). Es más, subrayan que en esta zona la tasa de este tipo de infracciones penales por cada mil habitantes es superior a la del conjunto de España.

Marlaska se niega a cumplir las sentencias

En este sentido y para reforzar la dimensión global de esta amenaza, la comisión europea se reunirá también con una representación del "European Police Union" (EPU), el sindicato europeo de policías del que forma parte la CEP. "Sólo en el caso de nuestro Cuerpo, entre 2016 y 2024 perdieron la vida hasta 14 compañeros en acto de servicio o "in itinere". Una cifra que es superior en el ámbito de Guardia Civil y que lejos de provocar una reacción en el Ejecutivo, se intenta "tapar".

Y mientras la Confederación Española de la Policía trabaja mano a mano con la comisión enviada por el Parlamento Europeo, el Ejecutivo de Sánchez y su ministro del Interior "evitan" mejorar la protección jurídica de los agentes. "No sólo no se contempla modificación alguna del Código Penal para endurecer el delito de atentado", recuerdan, sino que, por ejemplo, el departamento de Grande-Marlaska "se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2024, en la que se le obliga a desarrollar un seguro que cubra la responsabilidad civil de los policías durante sus intervenciones"

Por no hablar de la polémica suscitada por las constantes modificaciones y recortes anunciados por el Gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como "ley mordaza". Un ataque directo a lo que constituye la principal herramienta normativa con la que cuentan los policías en el ámbito administrativo. En definitiva, mientras en Europa se avanza para proteger a los policías y escuchar sus demandas, en España "parece haberse impuesto una indiferencia que nadie entiende", concluyen.

¿Cuál es la pena por agredir a un agente?

El artículo 550 de nuestro Código Penal castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses los atentados contra la autoridad. Sin embargo, desde los sindicatos apuntan que estas condenas suelen reducirse a una mera "falta", por lo que una agresión a un policía o un guardia normalmente se salda con una "multa de 50 euros" en un juzgado. Y es precisamente esa "sensación de impunidad" que tienen los agresores, lo que, a su juicio, provoca que aumenten las agresiones a los agentes. Por todo ello, hacen también un llamamiento a los jueces para que endurezcan las condenas.

Y pese a todo, pese a las agresiones y las tragedias, como la vivida en Barbate, donde murieron dos guardias civiles, siguen sin estar reconocidos como profesión de riesgo. ¿Por qué? Pues porque esta reivindicación choca siempre contra la gran barrera del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del ministerio de Grande-Marlaska, que dan la callada por respuesta. Un silencio que iba más allá de condenar los ataques a los agentes y que se extiende a la negativa de considerar como profesionales de riesgo a los policías nacionales y a los guardias civiles. Un rechazo que llama la atención, no sólo por el aumento visible de agresiones que sufren estos agentes, sino porque otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado "de riesgo".