La exalcaldesa de Móstoles del PSOE Noelia Posse contestó con un portazo al interventor del Ayuntamiento que le avisó de que la manera en que planteaba realizar una adjudicación pública era irregular.

Ahora, ella está procesada en relación a la aprobación de este contrato público en una de las varias causas por corrupción que mantiene abiertas.

Según obra en el sumario del caso al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la entonces edil socialista responsable de Medio Ambiente acudió al despacho del funcionario local, que dependía del área de Hacienda, para consultarle "de manera informal" sobre que estaban "planteando la realización de un serie de obras" en colegios públicos de la localidad madrileña y que iban a encargárselas a un grupo de empresas.

A nivel administrativo, Posse planteó que quería hacer las reformas "con una obra y un contrato en cada colegio" a través del procedimiento para una contratación menor, que son aquellas dirigidas a actuaciones que no superen los 50.000 euros.

El interventor explicó en su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles que la exregidora del PSM le hizo esta "consulta de manera genérica para saber su opinión".

Sin tener la documentación delante y sin conocer los detalles de los contratos, le advirtió de que le parecía "sorprendente" el plantear la realización de obras en varios colegios, con varias empresas y mediante la contratación menor.

Principalmente, porque la normativa establece que el objeto de un contrato "no se puede fraccionar", incumpliría la legislación en materia de contratación pública y sería "una forma de eludir la ley". Así se lo transmitió a Posse.

La respuesta de la concejala socialista, recordó ante la instructora, fue irse de su despacho en el consistorio "con un portazo" y diciendo que: "Simplemente, esa es tu opinión".

El trabajador público no supo "nada más" del asunto hasta que tres o cuatro meses después "se presentaron las facturas por esas obras", con lo que fue consciente de que, pese a sus avisos, se había llevado a término lo que Posse pretendía.

A partir de ahí internamente se confirmaron los indicios de irregularidad. Al despacho del interventor acudió otro empleado municipal de su servicio para "indicarle que parecía existir una división del contrato, y pidiéndole que lo mirara por si había algún vicio o anomalía" tras llamarle la atención que eran "todas las facturas distintas" y situarse cerca del umbral económico máximo permitido para una adjudicación menor.

Tras revisar las facturas que le entregó su compañero, confirmó que, efectivamente, era el mismo objeto del contrato, "pero en trocitos", por lo que encomendó al funcionario que "preparase un escrito para devolver las facturas porque no se había aplicado el procedimiento de contratación correcto".

Eran reformas en centros educativos de Móstoles "de la misma naturaleza" (en baños o aseos), planteados "en el mismo espacio temporal" y hasta algunos eran distintos para "las mismas empresas". Un fraccionamiento en la contratación en toda regla que prohíbe expresamente la normativa.

Se debería haber hecho "una licitación única, por el procedimientos ordinarios", tal y como ratificó, más tarde, una interventora del Estado (IGAE). Esta impone una serie de requisitos que garantizan los principios de igualdad entre las compañías que quieran optar a dar el servicio y transparencia en el procedimiento.

En todo caso, como opción alternativa, aunque también sería por la vía ordinaria, tendría que haberse optado en la concejalía de Posse por "la licitación por lotes", en caso de querer llevar a cabo las obras en los CEIP con distintas constructoras y que cada una actuase en un colegio.

Por este presunto caso de corrupción, la aún portavoz de los de Pedro Sánchez en el pleno de la segunda localidad más poblada de la Comunidad de Madrid está ya al borde del banquillo, después de que la jueza propusiese llevarla a juicio por prevaricación administrativa.

Posse y la que era responsable de mantenimiento Ángeles Cortizas en el Ayuntamiento mostoleño están a la espera de si la Fiscalía reclama que sean juzgadas o pida la desestimación de las actuaciones. Los dos antiguos miembros de la corporación que denunciaron las supuestas irregularidades ejercen la acusación popular y se prevé claro que reclamen pena para ambas.