Los jueces avisan: «Sin aforamiento, proliferarían las demandas como la que sufre Llarena»

Los jueces alertan del riesgo de dejar de ser aforados.

«El aforamiento es, en muchas ocasiones, una garantía para el ejercicio de determinadas funciones públicas que, precisamente, están destinadas a la protección de los derechos fundamentales de todos. Sería el caso de los jueces, los fiscales y la policía. Esta garantía se podría alcanzar mediante otros mecanismos distintos del aforamiento, sin duda, pero siempre teniendo en cuenta que tal garantía es necesaria». Éste es el sentir del presidente del CCGP y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sobre el aforamiento que gozan actualmente los miembros de la Carrera judicial y fiscal, que fue expresado en su última comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el 15 de marzo del pasado año.

El vocal del CGPJ José Macías sostiene que retirar el aforamiento podría producir una avalancha de denuncias o querellas contra jueces y magistrados que obligarían a éstos a paralizar la tramitación del asunto hasta la que se resuelvan. «En estos momentos los jueces y magistrados están aforados bien ante los TSJ correspondientes o el Tribunal Supremo, con lo que todo está acotado y controlado, se resuelve con prontitud y no hay paralización»; pero si se diversificaran las acciones contra los integrantes de la Carrera judicial, que se convertirían en un «instrumento de fraude procesal» , por todos los juzgados de España «se produciría una paralización de la Justicia». Ese fraude procesal fue, añadió, lo que sucedió, cuando se presentó la demanda en Bélgica contra el instructor del «procés», Pablo Llarena: «Al día siguiente de esa demanda las defensas de los procesados huidos le recusaron con base en esa demanda».

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, coincidió en que si se eliminase el aforamiento completo de los jueces se incidiría gravemente en uno de los mecanismos que garantizan la independencia judicial, ya que esa garantía se ha arbitrado para evitar actuaciones «maliciosas de apartar a los jueces y fiscales del conocimiento de los asuntos por motivos evidentemente torticeros, como acabamos de ver con la demanda presentada en Bélgica contra Pablo Llarena». Y si lo que se plantea es circunscribir el aforamiento a los asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones, «la medida sería absurda porque eso es, precisamente, lo que ya establece la Ley Orgánica del Poder Judicial», apunta.