La guerra política pasa a tener ya impacto sobre los funcionarios del Congreso. El PSOE, a iniciativa del secretario general de la Cámara Fernando Galindo, ha apoyado rechazar a partir de ahora «perdonar» las costas por los procesos judiciales que el Congreso gane a los funcionarios (empleados) de la Cámara, una maniobra respaldada también por el PP, según informan fuentes del Congreso. Hasta ahora, siempre que el Congreso ganaba un pleito a un empleado, rechazaba cobrarle las costas: sin embargo, según ha podido saber LA RAZÓN, ese criterio cambia a partir de ahora a raíz del pleito con el letrado Manuel Fernández-Fontecha, quien presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el nombramiento de Galindo por su falta de independencia ya que venía directamente de formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha estado muy vinculado al PSOE.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avaló recientemente el nombramiento de Galindo porque cumplía el único requisito que se pide (cinco años de experiencia como letrado) pese a las evidentes connotaciones polémicas que tenía por sus vínculos con el Gobierno. Además, el Supremo impuso las costas judiciales a Fontecha por valor de 1.000 euros. Y, tradicionalmente, el Congreso siempre ha perdonado ese dinero cuando ha ganado el pleito frente a un empleado de la Cámara, algo que pretende cambiar ahora Galindo para disuadir a los funcionarios y evitar que vuelvan a presentar recursos ante el Supremo con carga política. Galindo, según ha podido saber LA RAZÓN, aseguró que, bajo su mandato como secretario general de la Cámara, «se van a empezar a cobrar todas las costas judiciales».

Y esta situación, según la declaración de intenciones de Galindo, afectará a partir de ahora a todos los funcionarios dado que siempre pueden surgir pleitos entre empleado y «empleador» por distintas situaciones que se puedan dar (sea con carga política, como un nombramiento, o con carga laboral, como los derechos), un escenario que preocupa a bastantes funcionarios, según ha podido saber LA RAZÓN.

En todo caso, Fontecha tampoco va a resignarse y va a encabezar la batalla de los funcionarios para evitar el cambio de criterio, tal y como se recoge en el escrito que elevó a la Mesa que originó esta decisión de Galindo, donde ya advertía de que se estaba vulnerando el artículo 14 de la Constitución al suponer «un evidente trato discriminatorio» ya que nunca se habían cobrado las costas. «Hasta la fecha, la práctica inveterada seguida por las Cortes Generales es que no se procedía a exigir las costas de los funcionarios de las Cortes Generales en materia de personal, remitiéndome en este punto a los archivos de la Cámaras, con sobrados casos de sostenimiento de ese criterio, que se altera exclusivamente en este caso», añade el escrito que dirigió Fontecha a la Mesa del Congreso.

De hecho, hay un ejemplo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, de una resolución del Supremo contra una asociación que también impugnó el nombramiento de Galindo como secretario general y también se perdonaron las costas. Este episodio retrata que Galindo busca enviar un mensaje directo a determinados funcionarios del cuerpo de letrados que están siendo incómodos para la dirección administrativa del Congreso. No cabe olvidar de que se están dando más conflictos que nunca entre el Senado y el Congreso ya que, por primera vez, ambas Cámaras albergan mayorías distintas. Al Senado se han ido letrados críticos con Galindo y están generando mucha preocupación en el PSOE porque están dando batalla jurídica ante la deriva del Gobierno y del Congreso: de hecho, ya se han presentado varios conflictos ante el Constitucional.

El clima se empezó a enrarecer en el cuerpo de letrados cuando Fontecha escribió en LA RAZÓN un artículo crítico con la amnistía en la antesala de que Galindo informara a favor de la admisión a trámite de la ley. Desde entonces, Galindo trató de quitar a Fontecha de responsabilidades clave (en Comisiones relevantes, como la Constitucional) y se armaron dos bloques de letrados que están muy divididos: por un lado, están los afines a Galindo, que está muy vinculado al PSOE y suele allanar mucho el camino a las iniciativas socialistas (aunque también ha tenido algún pronunciamiento crítico, como el reciente rechazo a la injerencia del Gobierno con enmiendas pactadas por PP y Junts en el Senado); y, por otro lado, están los críticos con el secretario general y algunos de ellos se han marchado al Senado.