PSOE, Podemos y Cs pactan primarias subvencionadas

Piden rebajar «significativamente» la cuantía mínima para entrar en prisión por financiación ilegal.

Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos aprobaron ayer 75 medidas en la subcomisión que estudia medidas para mejorar la financiación de los partidos políticos y la regulación de su organización interna. Las tres formaciones acudieron a la reunión con un documento pactado entre ellas, una actitud que irritó a los populares y que, en respuesta, evitaron votar. El PNV y el PDeCAT tampoco recibieron de buen grado la estrategia unilateral de socialistas, morados y naranjas, pero, en su caso, optaron por abstenerse. ERC, por su parte, no acudió a la cita.

El informe de la subcomisión sugiere actualizar el régimen jurídico de los partidos políticos con la inclusión de primarias obligatorias para la elección de candidatos a La Moncloa y los gobiernos autonómicos y locales con una determinada población. Piden también que no haya una exigencia «excesiva de avales» para concurrir, que la financiación de las campañas sea transparente y que se busque un «procedimiento singularizado» para que las primarias reciban algún tipo de financiación pública. También apuestan por reformar el Tribunal de Cuentas para reforzar su independencia –que sus miembros tengan las mismas incompatibilidades que los jueces–, su capacidad de control e investigación sobre las cuentas de los partidos y también de imponer medidas coercitivas y sanciones. En concreto, piden que puedan retener las subvenciones públicas a los partidos que no le remitan su contabilidad. Asimismo, la reforma de la Ley de Financiación de Partidos debería contemplar como sancionables la aceptación de donaciones finalistas, revocables o procedentes de personas o empresas que tengan contratos con el sector público. También aspiran ampliar el catálogo de «faltas graves», incluyendo, por ejemplo, la incorrecta identificación de los donantes.

En el plano penal, demandan revisar el delito de financiación ilegal de los partidos para rebajar «significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión», así como tipificar la manipulación de las cuentas anuales. Quieren que los que se financien ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos se hagan responsables patrimonialmente de dichos actos, informa Ep.

El informe de la subcomisión tendrá que ser ratificado el próximo miércoles en una reunión de la Comisión de Calidad Democrática en la que, previsiblemente, el resultado será el mismo dada la mayoría de PSOE, UP y Cs. Ese debate será ya abierto a los medios de comunicación, a diferencia de los que han tenido lugar en seno de la subcomisión, que se reúne a puerta cerrada. Una vez que el informe sea avalado por la comisión, será elevado al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva. Las recomendaciones podrán transformarse después en iniciativas legislativas, que los promotores del mismo no descartan impulsar conjuntamente.