Puigdemont manda, y más nos vale aceptarlo

El primer encontronazo con el de Waterloo le ha supuesto al PSOE conceder a la Generalitat las competencias en inmigración, blindar la amnistía, entregar la comisaría de Vía Laietana y el cuartel del Bruc, asumir el coste de las bonificaciones en el transporte público, reducir el IVA del aceite de oliva o revertir el decreto que auspició la salida de las empresas aterrorizadas de Cataluña. No consuela el comentario de que «del dicho al hecho hay un trecho». Puede que no todo vaya al BOE, o no de forma tan taxativa, pero la dinámica de la legislatura ha quedado demostrada. El prófugo tiene la sartén por el mango, y mientras buena parte de la izquierda le siga comprando el discurso a Sánchez, aquí no hay nada que hacer.

Porque, no nos engañemos, Page es cada vez más un ruiseñor de madrugada, con un canto bellísimo, pero excepcionalmente aislado. Dice el presidente De Castilla-La Mancha que «los independentistas quieren que se gobierne con una camisa de fuerza puesta». Pues claro, si el PSOE lo admite, los nacionalistas catalanes, encantados. Page tacha el discurso de Puigdemont de «supremacista» y ha dicho que trabajan «con la idea de que todos los españoles sean extranjeros. Si por Puigdemont fuera, yo sería extranjero». Que no le quepa la menor duda. Los independentismos se definen por las acotaciones raciales. Que se lo pregunten a los serbios, los bosnios, los ucranianos, los rusos, los palestinos o los judíos. Aquí no se salva nadie.

Una inmensa mayoría de gentes de izquierda sigue pensando que es mejor un gobierno así que uno de la derecha. Que el «progreso social» que procura este ejecutivo merece un peaje de federalismo, y que la ruptura de España no está en juego y es parte tan sólo de una filípica falsa de los conservadores. Falta mucho aún para que la calle se canse. Si la subida del salario mínimo profesional coincide con las noticias del congreso, no habrá problemas por ahora.

Tras las reclamaciones de Junts vendrán las de ERC, que no se puede quedar atrás. Y aún está por ver el siniestro contenido de las concesiones a Bildu –ya hemos visto lo ocurrido en Pamplona–. Por su parte, el lendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha recordado que el Gobierno Vasco ya planteó la misma reclamación sobre inmigración la legislatura pasada «porque está recogida en el estatuto de Autonomía». Fuentes del Gobierno de Vitoria han precisado que, de concederse una transferencia total en esta materia a Cataluña, «Euskadi también la reclamaría».

España va a salir redefinida de esta legislatura y más vale que la oposición reflexione cómo administrarlo. Es verdad que el PSOE tendrá problemas en el futuro. Y también, como ayer escribía aquí Tomás Gómez, «Sánchez será primer ministro durante unos meses, pero dejará a la izquierda en general hundida para varios lustros». Pero no se puede estar perennemente llorando sobre la leche derramada. El Gobierno actual está vendido a un chantaje pactado y eso no es novedad. Hay que pensar cómo lo han hecho los países que han realizado cesiones históricas al nacionalismo –Gran Bretaña, por ejemplo– para construir de nuevo un imaginario colectivo que nos una a la Europa de futuro. Estos van a pactar un referendo, de la manera que sea posible, y hay que anticiparse al escenario.