Rajoy convoca a las comunidades para eliminar la burocracia en 29 sectores económicos

El Gobierno sigue dando pasos en su reforma de la Administración Pública «para ganar en eficiencia y eliminar duplicidades». Ayer este periódico adelantó el informe sobre las medidas ejecutadas por las comunidades autónomas, y que se ha trasladado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para su análisis en su próxima reunión. Y también ayer, el Consejo de Ministros analizó el Plan de Racionalización Normativa, que deja al descubierto que de 6.500 normas analizadas, 2.700 tienen incidencia «mejorable o negativa». De estas barreras a la unidad de mercado, un 30% son estatales, y un 70% son, precisamente, autonómicas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicaron que están trabajando para determinar qué duplicidades afectan seriamente a la actividad empresarial para ir a un modelo simplificado que limpie la burocracia y facilite el emprendimiento. Como la grasa sobrante de la regulación viene, principalmente, del lado de las autonomías, el Gobierno tiene la intención de convocar más de 25 Conferencias Sectoriales para revisar la normativa de 29 sectores económicos y estudiar el procedimiento para «simplificar y converger las normas, dentro de la coherencia con la normativa estatal», según precisó De Guindos. El Gobierno pretende que este proyecto esté concretado a mediados de 2014, una vez que entre en vigor la Ley de Unidad de Mercado. En estos trabajos de identificación y evaluación normativa han participado más de 155 funcionarios de todos los ministerios. Una vez que se apruebe el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, las comunidades podrán acceder a una aplicación informática para realizar conjuntamente la evaluación de las diferentes normas. El ministro de Economía insistió ayer en que este Plan de Racionalización Normativa constituye, junto con la Ley de Unidad de Mercado, en tramitación parlamentaria, un eje esencial de trabajo para recuperar un mercado único español similar al europeo y evitar la fragmentación del mercado nacional, «tal y como vienen solicitando los operadores económicos, los inversores extranjeros y el consenso de organismos internacionales como la OCDE, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el FMI».

El éxito de la iniciativa depende de la colaboración de las comunidades. Cataluña ya han anunciado su oposición a este proyecto por entender que es una injerencia en su «soberanía».