Rajoy ofrece a los partidos un pacto anticorrupción

MADRID- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha movido ficha en clave estrictamente política ante el escándalo que ha alcanzado a las filas del PP a raíz de la cuenta en Suiza hallada a nombre del ex tesorero de su partido Luis Bárcenas. Rajoy recordó ayer a su Comité Ejecutivo que en noviembre de 2009 ya propuso un gran pacto de Estado contra la corrupción. Era la etapa en la que el PP se vio más cercado por filtraciones relacionadas con el «caso Gürtel».

Aquel pacto quedó en nada, de lo que en el PP culpan al PSOE. Ahora retoman esa idea y el jefe del Ejecutivo anunció que tiene la intención de volver a tender la mano en esta materia al PSOE, tomando como base las conclusiones del informe que han encargado al Centro de Estudios Políticos, que preside Benigno Pendás. Esas conclusiones deben estar listas en los próximos meses.

Ley de transparencia

Desde el Gobierno también reivindican la ley de transparencia, que tramita el Congreso, como instrumento que «fortalecerá los mecanismos de defensa frente a la corrupción». Por cierto, la secretaria general, y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se desmarcó ayer de la decisión que ha tomado Esperanza Aguirre, como presidenta del PP madrileño, de engordar la estructura orgánica regional con un nuevo cargo de «fiscal anticorrupción».

La justificación es endurecer la persecución de las conductas irregulares dentro de la formación. María Dolores de Cospedal recordó que ya hay una Fiscalía «que es de todos los españoles» y que en el Congreso celebrado en Sevilla, en febrero de hace un año, el Partido Popular reforzó sus resortes para tener un «control muy exhaustivo de cómo se tienen que realizar las cosas».

Antes, en diciembre de 2009, el PP ya presentó un Código de Buenas Prácticas con el que prometía endurecer el control de los comportamientos y bienes de sus cargos públicos y electos. Abría la puerta a las auditorías externas anuales, aunque hasta ahora nunca se habían hecho efectivas.

El jefe del Ejecutivo explicó que ya ha encargado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que pida, a su vez, un informe al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en torno a medidas para la regeneración democrática.