El Gobierno trabaja a marchas forzadas para buscar financiación a fin de incrementar el gasto militar y cumplir con las exigencias de la OTAN y de la UE. En ese sentido, según ha sabido este periódico de fuentes solventes, el Ministerio de Defensa ha iniciado un proceso de identificación de tecnologías de doble uso con el propósito de facilitar su acceso a financiación a través de los fondos de cohesión de la Unión Europea. Estos fondos consisten en ayudas de la Unión para financiar proyectos en países con menor renta per cápita y para promover la cohesión económica, social y territorial.

La iniciativa se enmarca en la estrategia europea «ReArm Europe», que ofrece a los Estados miembros la posibilidad de emplear estos fondos para reforzar su industria militar. No obstante, España aún no ha definido si apostará finalmente por esta opción.

¿Qué implica el concepto de tecnologías de doble uso? Las tecnologías de doble uso son aquellas que pueden destinarse tanto a aplicaciones civiles como militares. Un claro ejemplo son los drones, empleados en logística comercial y, al mismo tiempo, en operaciones de reconocimiento militar. Otro caso podría ser la Inteligencia Artificial, utilizada tanto en diagnósticos médicos como en sistemas de ciberseguridad y defensa. Sin embargo, una interpretación deliberadamente ambigua de este concepto podría incluir también infraestructuras civiles como puentes, aeropuertos y carreteras, cuya vinculación directa con las necesidades militares es más bien exigua.

Esta estrategia ofrecería al Ejecutivo un pretexto para, de puertas para afuera, cumplir con sus compromisos de inversión en Defensa mediante proyectos que, en realidad, poco tienen que ver con capacidades militares.

De puertas para adentro, podría justificar ante sus socios los beneficios de esta inversión en sectores civiles, eludiendo de esta manera las acusaciones de «señor de la guerra» y distanciándose del término «rearme».

Los fondos de cohesión de la Unión Europea tienen como objetivo reducir las desigualdades económicas y sociales entre regiones, impulsando el crecimiento sostenible y la competitividad.

Estos recursos financian iniciativas de digitalización, innovación y transición ecológica, incluyendo aquellas vinculadas a tecnologías de doble uso.

El 19 de marzo de 2025 la Comisión Europea aprobó el plan «ReArrm Europe», permitiendo que los Estados miembros redirijan parte de estos fondos hacia la defensa. Esta reasignación es opcional y solo podrá realizarse si se vincula con la creación de empleo y el crecimiento económico.

Polonia ya ha anunciado la creación de un fondo específico para financiar la industria de Defensa dentro del marco de los fondos Next Generation, mientras que países como Italia y Portugal han rechazado esta medida.

Hasta ahora, España no ha confirmado si empleará estos fondos en el ámbito militar. De momento, el Gobierno ha planeado reformar los Presupuestos Generales del Estado para aumentar en 3.500 millones de euros la financiación del Ministerio de Defensa, con la meta de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar antes de 2029, en línea con los compromisos adquiridos con la OTAN.

El 1 de abril de 2025, la Comisión Europea presentó oficialmente una actualización de su política de cohesión hasta 2027, facilitando que los Estados miembros destinen parte de estos fondos, que constituyen casi un tercio del presupuesto comunitario, a proyectos vinculados con la defensa.

Esta decisión responde a la intención de Bruselas de priorizar la seguridad dentro de su agenda, reconfigurando recursos y programas clave del presupuesto comunitario. Aunque la medida aún debe ser ratificada por el Parlamento Europeo y el Consejo, se contempla la financiación de infraestructuras para la movilidad militar, el apoyo a la industria de Defensa y un tratamiento preferente para las regiones fronterizas orientales, próximas a Rusia. Estas regiones podrán acceder a una prefinanciación especial si destinan al menos el 15% de sus fondos de cohesión a iniciativas vinculadas con la defensa. Lo que hará finalmente el Gobierno español es por el momento una incógnita.

España es uno de los países que parte con un gasto en defensa más bajo, en el entorno del 1,3% del PIB, según datos de la OTAN. Esto genera dudas sobre la capacidad del Gobierno español de acortar la distancia con los socios europeos dentro de plazo. Y, sobre todo, lo que se ve prácticamente imposible es que pueda llegar al 2% en un año sin tomar medidas de recorte de gasto o de aumento de ingresos. Al análisis económico se añaden las dificultades políticas: los socios de izquierda de Pedro Sánchez, incluido Sumar, han puesto en marcha una campaña «antibelicista» que descoloca al PSOE en clave electoral.