El TC rechaza los recursos de Delgado contra la anulación de su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido a trámite los tres recursos de amparo planteados por Dolores Delgado contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular en mayo del pasado año su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Así lo ha acordado el Pleno al no apreciar trascendencia constitucional en el hecho de que el alto tribunal tumbase la designación y dejase en manos del Consejo Fiscal dirimir si la actividad profesional de su pareja, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón suponía un "obstáculo" para el ejercicio del cargo. Algo que el órgano consultivo descartó finalmente pese a que la mayoría de los consejeros se negaron a votar. Los magistrados han asumido así la ponencia elaborada por Ramón Sáez.

En la deliberación no ha participado el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que se abstuvo por haber sido superior jerárquico de Delgado cuando fue fiscal general del Estado.

El pasado enero, el TC sí admitió a trámite el recurso de amparo de Dolores Delgado contra la anulación de su designación como fiscal Togada al apreciar el Supremo "desviación de poder en la propuesta del fiscal general del Estado.

El Consejo Fiscal descartó la incompatibilidad

El Tribunal Supremo tumbó el nombramiento, como había hecho anteriormente con la designación de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar, lo que supuso su ascenso a la máxima categoría de la carrera, al considerar que debía ser el Consejo Fiscal, y no el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se pronunciase sobre si la actividad profesional de Baltasar Garzón suponía un "obstáculo" para que su pareja, la exministra Dolores Delgado, pudiese ejercer el cargo de fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Para la Sala, que el ahora abogado esté al frente de una fundación sin ánimo de lucro especializada en temas de derechos humanos podía acarrear una incompatibilidad que contempla el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que no es preciso que exista un determinado conflicto de intereses", sino que basta que "sea posible su existencia en razón del presupuesto ofrecido por el vínculo familiar y por la naturaleza de la actividad mercantil" desarrollada por la pareja, que debe de obstaculizar "el imparcial desempeño de su función".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del TS aseguró en la resolución en la que admitió el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -uno de los tres presentados contra el nombramiento- instó al Consejo Fiscal a analizar si la actividad de Garzón como abogado y presidente de la Fundación Fibgar (especializada precisamente en la defensa de los derechos humanos y en causas de memoria democrática) podría entrañar "un obstáculo efectivo al desempeño imparcial" de Delgado.

Coincidencia "significativa"

Como hizo en el caso de los otros dos recursos (uno de la mayoritaria Asociación de Fiscales y otro de uno de los candidatos al puesto), la Sala determinó que la competencia para pronunciarse sobre este extremo recae en el Consejo Fiscal, y no en el fiscal general, que se negó a debatir el asunto como le pidieron siete vocales del Consejo en el que decidió proponer al Gobierno el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria

Los magistrados advirtieron de que "la especialización del despacho y de la fundación coincide significativamente con la materia sobre la que versa la Fiscalía para la que ha sido nombrada" la ex fiscal general del Estado, por lo que existían indicios" de que "podía verse afectada por esta prohibición" para el ejercicio del cargo.

El Supremo adoptó esta decisión con el voto en contra de la magistrada Pilar Teso, que reprochó a sus compañeros una "aplicación preventiva de una eventual incompatibilidad".

Aval del Consejo Fiscal y segundo nombramiento

Tras la decisión del Supremo, el Consejo Fiscal avaló con polémica el nombramiento de Delgado descartando una posible causa de incompatibilidad por la actividad profesional de Baltasar Garzón. Pero la decisión únicamente la respaldaron cinco de los doce integrantes del órgano consultivo: García Ortiz, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz -los tres miembros natos del Consejo- y los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Por contra, los seis vocales de la Asociación de Fiscales y el consejero de APIF no participaron en la votación, después de que García Ortiz se negase a aplazar el Pleno para subsanar la carencia de documentación esencial sobre la actividad profesional de Baltasar Garzón.

Ya con el aval del Consejo Fiscal, García Ortiz volvió a proponer a su antecesora como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cargo que ahora ostenta.