Ni la más mínima grieta en los obispos españoles a la hora de avalar el acuerdo preliminar al que ha llegado la Santa Sede con el Gobierno y que permitirá que los benedictinos continúen con su vida en el monasterio del Valle de los Caídos, en la hospedería y en la escolanía, además de salvar el culto de la basílica y la cruz de 152 metros. «Ha habido un refrendo total, unánime y sin ninguna voz discrepante». En estos términos se expresó ayer por la mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, sobre el respaldo al Vaticano, así como al cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente del Episcopado, que ha sido el interlocutor directo con Moncloa.

Eso sí, aclaró que «todavía no se conocen los extremos de esa resignificación ni tampoco los plazos de tiempo ni de lugar». «Eso hay que sustanciarlo», añadió. A la par, desveló que se mantiene una «plena comunicación» con la Santa Sede a la hora de dar cualquier paso al frente. De la misma manera, lamentó la filtración de las notas intercambiadas sobre la negociación con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, apuntando directamente al Ejecutivo socialista como responsable, al igual que sucedió en el pasado con el informe de las inmatriculaciones.

En cualquier caso, García Magán se congratuló de un acuerdo que recoge las máximas expresadas por la Iglesia y que salva el enclave «como lugar de oración por la paz, la reconciliación y por todos los caídos en la nefasta Guerra Civil española».

El también obispo auxiliar de Toledo detalló que esta negociación es fruto del trabajo eclesial a cuatro bandas, entre el cardenal Cobo, designado como interlocutor por el Vaticano; el presidente de los obispos, Luis Argüello; el nuncio Bernardito Auza, y los propios monjes de la abadía.

Los pilares de la negociación

En este sentido, confirmó que los benedictinos han dado su aprobación a esta resolución, tal y como adelantó LA RAZÓN. Así, explicó que Cobo «se han entrevistado varias veces» con los monjes y que todos los actores involucrados, por tanto, incluidos los benedictinos, «han refrendado» los pilares de esta negociación.

Al echar la vista atrás, el portavoz episcopal comentó que la intención inicial de Moncloa pasaba por expulsar a la comunidad religiosa y desacralizar la basílica. Incluso, dejó caer que se llegó a sugerir «la destrucción de la cruz que preside el conjunto monumental». Eso sí, puntualizó que esta idea de destruir el monumento no procedía del seno del Gobierno. En su intervención compartió, como ya desveló este diario, que el viaje en octubre del presidente Pedro Sánchez para encontrarse con el papa Francisco no tenía como objetivo primordial invitarle a visitar las islas Canarias, sino la resignificación de Cuelgamuros. Durante el encuentro con los periodistas, García Magán también fue preguntando por los escraches que han sufrido a lo largo de esta semana en la Conferencia Episcopal, promovidos por Hazte Oír.

«Había gente que vino a hablar y a escuchar, pero también gente que vino a gritar y con actitud un poco violenta, con injurias y calumnias que se pronunciaron contra los obispos», cuestionó el también obispo auxiliar de Toledo. Él mismo comprobó cómo «se escuchaba a gente que reza el rosario y gente que gritaba contra los obispos». Aun así, dejó caer que «el derecho a manifestación es fundamental, siempre dentro del respeto debido».

En relación con que esta negociación sobre el Valle de los Caídos pueda provocar un efecto búmeran en una bajada de las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia, el secretario general le restó importancia y señaló que «no solo ponen la equis los católicos o los católicos practicantes». «Es un ejercicio de democracia fiscal», dejó caer después.