El PP registra en el Congreso una ley para que los sumarios de especial gravedad sean trasladados a la Audiencia Nacional

La tragedia de Barbate en el que dos guardias civiles fueron asesinados al ser arrollados por una narcolancha hizo que se evidenciara la desigualdad de condiciones en la que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al narcotráfico y también los problemas a los que día a día se enfrentan los juzgados. Y es que Cádiz y Huelva se debaten entre el incremento del narco y el colapso de los tribunales. La Memoria de la Fiscalía ya acusa la falta de recursos en los órganos judiciales en la costa andaluza y cree necesario colaborar con Portugal. Además, se ha empezado detectar la presencia de las mafias del narcotráfico de los Balcanes o existe la alerta de los guardias civiles por la presencia de narcolanchas en la Región de Murcia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles en Barbate propuso, entre otras medidas, que los sumarios de "especial gravedad" sean trasladados a la Audiencia Nacional ya que cuentan con más "medios y recursos y están acostumbrados a actos de kale borroka, de terrorismo y de delincuencia -como la del narcotráfico o las mafias-. Destacó entonces la "absoluta determinación" con la que se trabaja en la costa andaluza pero, consideró importante el traslado de los sumarios de relevancia a la Audiencia Nacional. Y es que, con ello también se busca evitar el riesgo de padecer, como ocurre en algunos casos, la extorsión y el acoso por parte del entorno de los detenidos/juzgados a los funcionaros, entre otras cosas.

El Grupo Popular en el Congreso registró el pasado 4 de marzo una proposición de ley para que sea modificada la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, relativa a la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas por organizaciones criminales.

Según destacan los populares en la exposición de motivos, en la memoria de la Fiscalía especial antidroga de 2022 se reitera una constante demanda de redefinición de las competencias de la Audiencia Nacional en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de tráfico de drogas, cuando afirma que "nadie pone en duda que en estos 35 años la delincuencia organizada, especialmente la dedicada al narcotráfico, ha evolucionado desarrollando una dimensión globa y económica sin precedentes". Recuerda cómo, las grandes redes internacionales de narcotráfico pueden actuar en una sola provincia, aprovechando, por ejemplo las posibilidades de introducción de la droga con destino normalmente europeo o trasnacional en un solo puerto nacional y por más que se trata de la mayor organización con vocación global, con el mayor número de detenciones y el mayor alijo intervenido, además de utilizar su capacidad económica para corromper funcionarios y empresas, la competencia no será de la Audiencia Nacional y por tanto tampoco de la FEAD -Fiscalía especial antidroga-".

Respuesta "urgente"

Advierten de que el narcotráfico y la delincuencia requiere de una respuesta "urgente" no solo policial sino también desde la organización judicial. El PP consideran que, mientras no se modifique el sistema procesal penal, "al menos" abogan porque se aborde un cambio en la definición de las competencias de la Audiencia Nacional que contiene el artículo 6 de la LOPJ en materia de narcotráfico con el fin de poder atribuirle la investigación y enjuiciamiento de las grandes causas transnacionales y no las interregionales". Inciden en que los conocimientos especializados y las ventajas de esta jurisdicción especializada no podrán ser aprovechadas mientras la Audiencia Nacional no asuma la investigación y el enjuiciamiento de los casos realmente relevantes y complejos de narcotráfico y blanqueo derivado de este delito: aquellos cometidos por estructuras criminales internacionales de alto impacto y, a la vez, no tenga que asumir investigaciones menores por el mero hecho de la concurrencia de los elementos de la organización y la pluriprovincialidad".

Los populares aseguran que valoran el "ingente trabajo de la Fiscalía especial así como de la fiscalía delegada en Cádiz y de los juzgados y tribunales en la zona" que, destacan, demandan recursos adecuados para combatir la multiplicación de delitos de gravedad que siembran el terror y buscan crear circunstancias de impunidad, y recuerda que algunas de las formas legislativas ya han sido reclamadas por la Fiscalía especial antidroga.

Por ello, consideran preciso que se lleve a cabo una "redefinición" de las competencias de la Audiencia Nacional para así evitar las dudas que en la actualidad se vienen produciendo para que la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico de mayor gravedad, cometidos por bandas o grupos criminales con diferentes y evolucionadas formas de actuación, cuando concurran determinadas circunstancias, en muchas ocasiones no asociadas a la pluriprovincialidad, corresponda a la Audiencia Nacional. Para ello proponen una nueva redacción de las letras d, f y g de la LOPJ y la correspondiente reordenación del resto del apartado. Incluyen, además, el blanqueo de capitales cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas así como los delitos de trata, tráfico de personas cometidos por organizaciones criminales cuando produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.