Ciudadanos
Rivera quiere que el PP permita al Congreso cesar al fiscal general
Lanzará la medida la semana que viene, tras apoyar a los populares para sacar los PGE.
Lanzará la medida la semana que viene, tras apoyar a los populares para sacar los PGE.
Ciudadanos tiene previsto aprovechar la actual coyuntura política al máximo y presionar al Gobierno para que ceda a su propuesta de dotar al Congreso de los Diputados de capacidad para cesar al fiscal general del Estado cuando se considere probado que éste no esta desempeñando las funciones que le atribuye nuestro sistema jurídico con independencia. Fuentes de la formación naranja aseguraron a este diario que los esfuerzos para sacar adelante esta iniciativa comenzarán la semana que viene, cuando haya finalizado el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Rivera intentará de esta manera rentabilizar políticamente el clima enrarecido generado por los escándalos de corrupción y, en concreto, por las informaciones que apuntaban a que el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, habría intentado limitar el alcance de la investigación de la «operación Lezo».
Con esta maniobra, la formación naranja pretenderá erigirse en paladín de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción la semana siguiente a su previsible apoyo a los presupuestos que Rajoy defenderá en el Congreso.
La propuesta de reforma del método para elegir al fiscal general se justifica en la necesidad de otorgar mayor independencia a este engranaje clave en la Administración de Justicia y aparece en términos análogos en el programa electoral de Cs en las dos últimas elecciones generales. En concreto, la formación de Rivera propuso en su día que el mecanismo para la elección del fiscal general del Estado quede regulado en la Carta Magna y que contemple un procedimiento abierto al que puedan presentarse candidatos que tengan 20 años de experiencia profesional, que no hayan tenido relación alguna con partidos políticos ni ostentado cargos públicos. Una Comisión del Congreso sería la encargada a continuación de seleccionar una terna de entre la que el Gobierno elegiría al fiscal general. Esta propuesta de Cs fue incluida en el punto 143 del acuerdo firmado entre los de Rivera y el PP que hizo posible la investidura de Rajoy, pero en una versión atenuada. En vez de reformarse la Constitución para incluir el procedimiento descrito anteriormente, en el documento firmado por Rajoy al comienzo de la legislatura se dice, con calculada ambigüedad, que «se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los Diputados y su posterior cese». Nada por tanto sobre la facultad de la Cámara Baja para participar en el procedimiento de elección del fiscal general del Estado: el papel del Congreso se limitaría a su reprobación y cese en casos en los que éste no desempeñe su tarea dentro del sistema judicial con la independencia que se le presupone.
Aunque la propuesta viene de atrás, lo cierto es que Albert Rivera demuestra oportunismo político al ponerla encima de la mesa en una coyuntura política marcada por la debilidad del PP ante el reciente estallido de casos de corrupción vinculados a ex cargos públicos populares. Los aforamientos, la limitación de mandatos y la comisión de investigación sobre la financiación del PP son otros campos de batalla donde la formación naranja luchará por conquistar una posición propia y un discurso político enfrentado a los de Rajoy.
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