Inmigración

Saiz garantizará que el reparto de menores migrantes "no sea opcional"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se compromete al cambio legal para que su acogida sea obligatoria tras verse en Canarias con Clavijo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se desplazó ayer a Canarias para reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y preocuparse por la realidad migratoria del archipiélago. Tras el encuentro, Saiz garantizó que cumplirá lo firmado y se pondrá a trabajar «de manera inminente» para llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias y que la acogida de menores migrantes «no sea opcional».

Antes de visitar los centros de acogida de migrantes de Las Raíces y Las Canteras, la ministra insistió ante los periodistas en que la solidaridad en la gestión de la crisis migratoria es una "cuestión de Estado", aunque recordó que, como cualquier cambio legislativo, deberá contar con el respaldo de las Cortes. "Habrá que buscar esos consensos, para que salga adelante la modificación legislativa y se haga con escucha activa y de la mano con las comunidades autónomas y todos los actores implicados", manifestó.

Asimismo, destacó la necesidad de anticipación, colaboración interinstitucional y de todas las comunidades y agentes como una herramienta fundamental para abordar la crisis "velando siempre por la protección de los derechos humanos".

Saiz valoró el reciente acuerdo migratorio alcanzado en la Unión Europea después de siete años de negociación y dijo que lograr el consenso "es en sí mismo una buena noticia" porque, a su juicio, coloca a España, sus reivindicaciones y peculiaridades "en el corazón de Europa". "Que la Unión Europea también tenga una respuesta común es una herramienta que no podemos despreciar. El acuerdo es una buena noticia", sostuvo.

Respecto a si prevén hacer transferencias a Canarias adicionales a las anunciadas, apuntó que las inversiones y el envío de recursos por parte del Gobierno has sido "constantes" y aseveró que el respaldo "es va a seguir haciendo" porque es una cuestión de Estado "también a nivel presupuestario".

Asimismo, apuntó que tras la conferencia sectorial de migraciones se han creado diferentes grupos de trabajo técnico que "van a empezar a andar en cuanto pasen estas fechas" e insistió en que "Canarias no está sola en abordar esta realidad". "Quiero ratificar la capacidad de respuesta del Gobierno para esta situación y para estar preparados ante cualquier emergencia", añadió.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, agradeció a la ministra que en tan poco tiempo se hubiera desplazado dos veces a Canarias y reconoció estar "preocupado" por la planificación de la gestión de la crisis en 2024 después de que 2023 se haya cerrado con la llegada de 40.027 migrantes.

Clavijo, que coincidió con Saiz en que el pacto migratorio de la Unión Europea es "esperanzador" y significa que habrá una "respuesta única", avanzó que su Gobierno trabaja para tener una propuesta sobre qué textos legales son los que hay que modificar para facilitar el tránsito de menores migrantes a otros territorios.

En la línea de que la solidaridad sea obligatoria y no se dependa de la voluntad de las comunidades, Clavijo expuso que están "desbordados" con la atención de un total de 4.521 menores migrantes no acompañados en más de 60 centros". Por eso apeló a no perder la "sensibilidad" con la gestión migratoria.

"No podemos deshumanizarlo todo", ha señalado, subrayando que es "hasta razonable" que la gente se quiera ir de su país "huyendo del hambre, de la muerte y de la miseria, buscando un futuro mejor para ellos y para sus hijos, y ese es un fenómeno que tiene que administrar la Unión Europea".

Por poner un ejemplo –añadió– "Estados Unidos tiene bajo su tutela 11.700 menores con 300 millones de habitantes. Canarias, con 2,2 millones de habitantes, tiene 4.500 menores. Por mucho que las ONG se desvivan, no les podemos garantizar un proyecto de vida. Esa es la preocupación de ambos gobiernos", apostilló.

También recordó que el coste de la gestión de la crisis asciende en Canarias a unos 104 millones, y que, independientemente de los 50 ya transferidos, ambas administraciones se han comprometido a buscar más recursos.