Política penitenciaria

Sánchez, dispuesto a acercar a presos etarras sin colaborar ni repudiar a ETA

La disolución de la banda a la que apela el presidente serviría para no tener que reconocer el daño.

Pedro Sánchez /Efe
Pedro Sánchez /Efelarazon

La disolución de la banda a la que apela el presidente serviría para no tener que reconocer el daño.

«ETA ha sido derrotada». Así de categórico se mostró ayer en Berlín el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y lo hizo tras su primer encuentro bilateral con Angela Merkel, junto a quien aseguró que la política penitenciaria de los presos de la banda terrorista debe ser revisada. Un día después de su reunión con el lendakari, Íñigo Urkullu, Sánchez subrayó que ETA ha desaparecido tras ser derrotada por la democracia española y al ser preguntado por el acuerdo que se alcanzó para crear una comisión bilateral sobre el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas, el presidente defendió un cambio de la política penitenciaria actual porque «debemos aproximarnos de otra manera a una realidad que ya es completamente distinta». «Por una sencilla razón: porque ETA ha sido derrotada. Lo que le pido al conjunto de fuerzas políticas es que éste no sea un elemento de división cuando la democracia derrotó a ETA», reiteró.

Así que partiendo de ese mensaje, que «ETA ha desaparecido» y que la realidad de los presos es «distinta», podría abrirse la puerta a que numerosos reclusos etarras fuesen trasladados a cárceles del País Vasco sin necesidad de repudiar a la banda terrorista, alegando que no pueden desvincularse de algo que no existe o condenar unos hechos de una organización criminal ya acabada.

Es la «trampa» que ven los más críticos con el acercamiento, como las víctimas del terrorismo, que reclaman como condición «el repudio a ETA como condición mínima» y de forma individual, no colectiva.

Sin colaboración

Pero esa exigencia no se queda ahí, porque también puede darse el caso de un acercamiento de reclusos a penales vascos sin que se ofrezcan a colaborar con la Justicia, pues la decisión final sobre el acercamiento o no de un preso la tiene Instituciones Penitenciarias. De hecho, para un traslado o para la solicitud de un permiso penitenciario no es necesaria esa cooperación. Eso sí, para las asociaciones de víctimas, como la AVT, «aunque no es un requisito para acercar presos, para nosotros es la manera de valorar que hay sinceridad y voluntad» de reparar el daño.

El caso más conocido de acercamiento fue la denominada «Vía Nanclares», con la que se marcaron una serie de requisitos, además de la buena conducta: desvinculación de ETA (por escrito), repudio del terrorismo, pago de la responsabilidad civil y arrepentimiento. Sin embargo, en ningún caso era algo obligatorio, al igual que la colaboración con la Justicia, que se llegaba a nombrar pero no se exigía. Era una especie de «gesto más» y que, tal y como confirman las víctimas, no se trata únicamente de delatar a otro terrorista con nombre y apellidos, sino de ofrecer datos que permitan avanzar en las investigaciones que hay abiertas para esclarecer asesinatos todavía sin resolver.

Es distinto en el caso de acceder al tercer grado o a la libertad condicional, pues en este punto sí que se trata de un requisito expreso para lograr los beneficios que corresponden a cada uno de los grados.

De esta forma, la promesa de Sánchez, según varios juristas consultados por LA RAZÓN, permitiría cumplir el deseo de los etarras de ser trasladados cerca de sus familias sin cumplir unos requisitos mínimos de rechazo a la violencia terrorista, en general, y a la de ETA, en particular. Y la justificación de Sánchez del cambio de realidad da pie a ello. Incluso los presos etarras podrían verlo y «venderlo» como una cesión del Gobierno.

De hecho, a la hora de solicitar ese acercamiento, el propio preso o su abogado podrían alegar que no es lógico repudiar lo que no existe. Y es aquí donde las víctimas no están de acuerdo, pues mantienen que pese a que la banda se haya disuelto, supuestamente, la presión puede llegar tanto de colectivos de presos como del brazo político de ETA. Es por esa presión por la que en su día se optó por una política de dispersión, para que los terroristas no se retroalimentasen entre sí al estar juntos o cerca de sus familiares y grupos de apoyo.