Sánchez intenta desvincular la financiación singular de la investidura de Illa

Pedro Sánchez recapitula. El presidente del Gobierno trata ahora de desvincular de las negociaciones para la investidura de Salvador Illa la propuesta de una financiación «singular» para Cataluña que él mismo introdujo en la ecuación del cortejo a ERC. Sin condicionar explícitamente ambos extremos, el jefe del Ejecutivo se ocupó el pasado domingo en una entrevista en «La Vanguardia» de deshacerse en guiños de complicidad hacia los republicanos, reconociéndoles su protagonismo en la estabilización de la situación política catalana –indultos y amnistía mediante– y reivindicando la relación del PSC y ERC como una alianza de futuro. Blanco y en botella.

Es imposible abstraerse del contexto de estas declaraciones –con la ventana de oportunidad de hacer president a Illa abierta– y de la recuperación del compromiso de reconocer una «singularidad» financiera para Cataluña que se estableció en su acuerdo de investidura. Sin embargo, el melón de la financiación autonómica es un tema muy sensible, con un modelo caducado desde hace una década, y cuya instrumentalización política ha generado resistencias prácticamente unánimes. Así como la amnistía como contrapartida para mantener el poder produjo rechazo en una parte de la oposición y acrecentó la polarización, esta cuestión ha puesto en pie de guerra a todos los actores, en un cierre de filas ciertamente transversal, que recorre desde las federaciones socialistas hasta los socios que componen la mayoría de la investidura.

Desde el Gobierno ya intentaban ayer marcar distancias, devolviendo la negociación al ámbito catalán, después de ser primero María Jesús Montero y Sánchez después quienes irrumpieran en escena. Esta actitud quedó patente en la sesión de control al Gobierno, donde Sánchez trató de desvincular su compromiso de reconocer la «singularidad» financiera de Cataluña de las conversaciones para investir a Illa. El presidente recordó que ya asumió «el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña» en su investidura. «Eso es lo que he pactado con ERC y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura», aseguró el jefe del Ejecutivo, que hizo extensible este eventual acuerdo también a Junts, su interlocutor en ese momento. «Por tanto, no estamos hablando de la investidura o no de Illa, estamos hablando de que este Gobierno tiene ese compromiso con las distintas fuerzas parlamentarias», recalcó.

Así respondió Sánchez a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que advirtió al presidente de que «la financiación de los catalanes depende de los Presupuestos Generales del Estado y no de una investidura». Un recordatorio de que la pretensión de Sánchez de aprobar unas nuevas cuentas para el año que viene dependerá de los votos de la formación de Carles Puigdemont. «Parece que se le ha olvidado», le espetó Nogueras. Todo está interconectado. El Gobierno renunció a presentar los PGE para este ejercicio cuando se desencadenó el adelanto electoral en Cataluña, consciente de que en un escenario de campaña electoral y de pugna de ERC y Junts por la hegemonía del espacio independentista no apoyarían las cuentas.

Ahora, en Moncloa mantienen firme su vocación de presentar sí o sí los Presupuestos para 2025, el salvoconducto para la legislatura, pero el horizonte lo vuelve a marcar Cataluña. Para el mes de septiembre, que es cuando Hacienda quiere tener listo el proyecto ya se habrá resuelto el sudoku de la gobernabilidad: si Illa es presidente o si hay repetición electoral el 13 de octubre. Si hay vuelta a las urnas, las cuentas tendrán que esperar porque la aritmética es tan ajustada que cualquier desequilibrio haría descarrilar la suma.

La entrada en juego de la «singularidad» financiera de Cataluña para atraer a ERC ha provocado un efecto dispersor en el resto de socios de la investidura. Partidos como Compromís o la Chunta Aragonesista ya advirtieron de que si se avanza en un trato diferencial a esta región, ellos no se sentirán concernidos por los compromisos de investidura y abandonarán la mayoría progresista. Cualquier cambio en la financiación con rango de ley tendrá que pasar necesariamente por el Congreso y esto hace que no den los números. Tampoco en las federaciones socialistas hay cierre de filas. Líderes poco sospechosos romper la línea oficial, como Adrián Barbón o Luis Tudanca, ya han alzado la voz para mostrar su oposición.