Sánchez pone en jaque su mayoría para investir a Illa

Desvestir un santo para vestir otro. El debate de la financiación autonómica ha recobrado protagonismo en los márgenes de la investidura de Salvador Illa en Cataluña con un efecto directo y comprometedor de la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Superados los escollos de la Ley de Amnistía, el Gobierno confiaba en lograr un horizonte de tranquilidad y estabilidad para que comenzase a rodar la legislatura. Sin embargo, la irrupción de las contrapartidas –de nuevo a los independentistas– para desbloquear el Govern de la Generalitat está complicando la aritmética y enturbiando el debate.

Sin aterrizar una propuesta concreta sobre la mesa, el Ejecutivo –primero Hacienda y luego el propio presidente– han abrazado la retórica de la «singularidad» catalana. Un globo sonda en forma de guiño a ERC, que ha generado una tormenta de reacciones. Dentro y fuera del PSOE. Dentro y fuera del Gobierno. En la oposición y en la mayoría de la investidura. Varios de los socios de Sánchez, entre ellos dos de los partidos que se integraron en la coalición electoral de Sumar: Compromís y la Chunta, dejaron ayer en el aire su apoyo a la coalición en caso de que se dé un trato diferencial a Cataluña. Más taimados en sus amenazas se mostraron desde IU y Más Madrid, también aliados de Yolanda Díaz, aunque ya dejaron ver sus reservas a cualquier negociación que pueda favorecer a Cataluña e ir en detrimento del resto de comunidades.

En Moncloa insisten en que su propuesta de «singularidad» catalana es compatible con la negociación «multilateral» con el resto de autonomías. «Este Gobierno nunca ha hablado de concierto», descartan fuentes gubernamentales, sobre la exigencia de ERC de conseguir un sistema similar al vasco y navarro para la recaudación de los impuestos. Sin concretar en qué consiste este trato singular, más allá de cubrir financieramente las competencias específicas que ostenta Cataluña –en materia penitenciaria o de policía autonómica– respecto a otras regiones, en el Ejecutivo sostienen que se negociará en el marco de la Constitución y el Estatut. «Vamos a garantizar el principio de igualdad», responden a unos socios en pie de guerra.

El Gobierno asegura que el Estatut recoge una comisión mixta y que existen otros mecanismos bilaterales que son compatibles y no excluyentes con la negociación que se lleve a cabo con el resto de comunidades. En cualquier caso, un cambio con rango de ley tendrá que ser aprobado en el Congreso y Sánchez no tiene garantizada la mayoría para superarlo, si genera asimetrías con el resto de aliados parlamentarios con agravio territorial. Para vencer estas suspicacias, en Moncloa reivindican que durante los seis años de mandato de Sánchez se ha inyectado más dinero a las CC AA que cuando gobernaba Mariano Rajoy, 250.000 millones, arremetiendo contra el PP por no tener «una propuesta». «No hemos visto un ejercicio de cinismo e hipocresía más grande en este país», señalan desde el entorno del presidente.

No calman a los aliados los guiños de los socialistas, prometiendo atender las particularidades de cada territorio. Entre los socios parlamentarios hay muestras de enfado evidentes y se sienten «engañados» incluso por el PSOE. Desde Compromís sacan el acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Sumar, en el que se apuntaba explícitamente a «corregir» la infrafinanciación de determinadas comunidades autónomas y se comprometía que en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Comunidad Valenciana –se cita expresamente en el texto del pacto– la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado». En ello fundamentan su poder para romper con el Ejecutivo en caso de que se consume una financiación singular para Cataluña, que no traiga aparejada una solución para la economía valenciana. En la Chunta Aragonesista, las exigencias son las mismas. «Voy a ser contundente. Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, la Chunta no podrá dar apoyo parlamentario» al Gobierno, explicó su portavoz Jorge Pueyo.

El debate de la financiación, a su vez, genera una fuerte discrepancia dentro del grupo parlamentario Sumar, como ya avanzó este diario en su edición de ayer. Fuentes de la formación valenciana avisan de que su posición es «contundente» y de no atenderse se traducirá en una «crisis» para el Ejecutivo, puesto que retirarán el apoyo explícito en el Congreso. Adelantan, además, que si Sumar «no toma partido», la grieta también se abrirá en el grupo parlamentario. Y es que Movimiento Sumar dio su visto bueno a la negociación de la singularidad catalana, algo que enfadó a sus propios aliados en el Congreso. Malestar que fue trasladado en una reunión del grupo parlamentario, en la que acordaron una mesa de trabajo para tratar de pactar una postura favorable para todas las sensibilidades que conviven en Sumar. Mientras, el partido portavoz de la coalición, trató ayer de calmar la tensión, tildando el debate de «inflamado» al no haber ninguna propuesta real sobre la mesa. Errejón, buscó además cohesionar a la coalición para evitar que la legislatura quede en riesgo.