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Sentencia del “procés”: ultimada y sin fisuras en el tribunal

El fallo marcará hoy la cita de los jueces en el Supremo. El tribunal ya lo tiene ultimado y se hará público antes del 16 de octubre para evitar tener que prorrogar la prisión preventiva de los procesados, a los que se les comunicará en Madrid

  • En el centro, Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzga el «procés»
    En el centro, Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzga el «procés» /

    Efe

Tiempo de lectura 8 min.

09 de septiembre de 2019. 13:54h

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Francisco Velasco 9/9/2019

El Rey Felipe VI presidirá hoy en el Tribunal Supremo la apertura del nuevo año judicial; un año que va a estar marcado ineludiblemente por la próxima sentencia del «procés» que dictará la Sala Segunda en la que se dará respuesta al intento secesionista de Cataluña impulsado desde la propia Generalitat que entonces presidía el prófugo Carles Puigdemont. Será a todas luces una sentencia condenatoria respecto a los nueve acusados que se encuentran en prisión provisional por estos hechos y que, en principio, se daría a conocer antes del día 16 de octubre, fecha en que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez cumplen dos años de prisión provisional, que es el tiempo máximo previsto, ya que en ese momento habría que prorrogar esa misma situación o dejarles en libertad, algo que se descarta de plano. De hecho, algunas fuentes consideran que la sentencia podría incluso notificarse entre la última semana de este mes y la primera de octubre.

La redacción de la sentencia está ya más que avanzada y la redacción casi ultimada, y, según las fuentes consultadas será unánime, sin fisuras ni discrepancias entre sus magistrados. Será también una decisión en la que se dará cumplida respuesta a todas las alegaciones de los procesados y sus defensas, donde quedará claro que no se ha tratado de ninguna persecución de ideología política alguna, sino de un ataque a las estructuras del Estado, en un proceso donde se han respectado todos los derechos, en lo que será un mensaje claro a la Justicia europea, que será la que, en último extremo, tenga que resolver esta cuestión, pues a nadie escapa que es ahí, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde los procesados tienen puestas sus esperanzas, ya que el Tribunal Constitucional –paso previo e ineludible– difícilmente sostendrá que se han vulnerado derechos fundamentales en este procedimiento.

Mensaje de la fiscal general al independentismo: hay que acatar la sentencia “sea cual sea”

En estos momentos, todos los procesados se encuentran en prisiones de Cataluña, pero es probable que tengan que recorrer de nuevo en furgones policiales los más de 500 kilómetros que les separan de Madrid. Y ello porque el Tribunal pretende notificarles personalmente la sentencia.

Normalmente se suele cumplimentar este trámite mediante exhorto, es decir, remitiéndolas telemáticamente a los afectados a las prisiones donde se encuentran y a sus procuradores. Pero en esta ocasión, aunque no está decidido en firme, en principio la opción más probable es que se les notifique personalmente en el Tribunal Supremo.

En ese acto de apertura del nuevo año judicial también habrá que estar atentos a las palabras del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo y de la fiscal general del Estado, Carlos Lesmes y María José Segarra, respectivamente. A buen seguro que no faltarán referencias a Cataluña y al proceso que se ha seguido en la Sala Penal del Alto Tribunal. En el salón donde tendrá lugar la apertura del año judicial estarán presentes los vocales del Consejo General del Poder Judicial, quienes, al igual que su presidente, esperan su renovación desde hace meses. Lesmes, de hecho, ya ha recordado al Congreso y al Senado la obligación que tienen de proceder a esa renovación, y no es nada descartable que lo vuelva a hacer en presencia del Rey y principales autoridades políticas que se darán cita en el acto. Sin embargo, ello depende en buena parte de lo que pueda suceder en el ámbito político en los próximos 15 días, antes, en todo caso, del lunes 23. Si ese día Pedro Sánchez ha logrado el apoyo suficiente para convertirse en presidente, el nuevo Gobierno estará conformado en los siguientes días.

A partir de ahí, se empezaría de nuevo a negociar la designación de los vocales, algo que no se prevé nada fácil, toda vez que PSOE y PP no piensan «regalar» nada. Por ello, se prevén unas negociaciones que se prologarán un tiempo, sin descartarse lo más mínimo que se llegue a principios de diciembre sin cumplir ese mandato constitucional. Eso derivaría en que el actual CGPJ estará al menos un año en funciones –tomó posesión el 4 de diciembre–. «Lo lógico es que en ese escenario se pueda renovar el Consejo entre diciembre y enero», según señalaron fuentes del órgano del Gobierno de los jueces y magistrados. Pero la incógnita es tal dentro del propio Consejo que algunos vocales tienen una especie de «quiniela» o «porra» sobre si habrá no renovación. En la inmensa mayoría de los casos, desean que todo llegue a buen puerto para regresar a sus destinos anteriores y acabar con una situación un tanto incómoda.

Pero esta situación puede complicarse todavía más si finalmente las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos no llegan a un acuerdo, pues estaríamos abocados a unas nuevas elecciones generales el 10 de noviembre. Habría que partir entonces de cero, pues a las elecciones hay que dar paso a la configuración de las cámaras, debate de investidura, Gobierno y comenzar a negociar. Sería un milagro que se lograse un acuerdo.

La clave

Y, en medio, la renovación de Marchena

Otro aspecto destacable que se producirá en breve y afectará también al Tribunal Supremo será la decisión del CGPJ de sacar a concurso la plaza de presidente de la Sala Penal, que actualmente ocupa Manuel Marchena y cuyo mandato vence el próximo 3 de noviembre. En un principio, la Comisión Permanente del Consejo prevé tomar esta decisión en la reunión que mantendrá el próximo jueves y se dará un plazo de 20 días naturales para que, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, los interesados puedan presentar sus instancias y demás documentación. Sin embargo, la realidad es que no se esperan muchos opositores a su candidatura. «Su liderazgo está fuera de toda duda y más que demostrado, por lo que es complicado que vaya a tener competidores», señalan al respecto fuentes del Consejo.

Si finalmente se presentaran varios candidatos, se procedería posteriormente a la comparecencia de los mismos ante los vocales de la citada comisión del CGPJ, quienes elevarían, posteriormente, una terna al Pleno, en la hipótesis de que optaran más de tres magistrados a presidir la Sala Penal.

Si, como es previsible, la única candidatura que se presenta es la de Manuel Marchena, su candidatura iría directamente al Pleno para que los vocales se pronuncien sobre si se le renueva en el cargo, para lo cual debe obtener al menos 13 votos. De acuerdo a este calendario, la votación para su renovación encajaría perfectamente en el Pleno que celebrará el Consejo el 30 de octubre, tres días antes de que venza su mandato. Sin embargo, la decisión de que se decida en el citado pleno corresponde al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que es quien tiene potestad para fijar el orden del día.

La única posibilidad que haría, según las fuentes consultadas, retrasar esa decisión sería el conocimiento de que la renovación del Consejo sería inminente, ya que entonces no sería extraño que fuese el nuevo CGPJ quien se pronunciara.

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