El Gobierno presentó ayer el plan normativo para 2025, un documento que anualmente recoge las iniciativas que la Moncloa va a aprobar y que incluye tanto medidas con rango de ley (pasan por el Congreso) como con rango reglamentario (basta con el plácet del Consejo de Ministros para que entren en vigor). Y el Gobierno, muy debilitado parlamentariamente porque no es capaz de aunar una mayoría sólida, ha hecho una planificación normativa muy pensada para esquivar derrotas en el Congreso. En total, ha proyectado 199 iniciativas, pero solo 59 corresponden a leyes ya que el resto son reales decretos que se aprueban en Consejo de Ministros. Por tanto, tan solo un tercio de las medidas pasarán por el Congreso.

En todo caso, el Gobierno anuncia 199 iniciativas como forma de inflar las perspectivas de actividad ya que hay leyes que han venido ya recogidas en planes normativos de años anteriores. En este sentido, la ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos lleva figurando en los planes normativos desde 2022: es decir, que se anuncia cada año que va a ir al Congreso, pero no acaba yendo y se acaba recogiendo al año siguiente. Esa circunstancia también se da con la ley de enjuiciamiento criminal, que el Gobierno lleva incluyendo ya varios años, pero que nunca acaba de llevar al Congreso ya que, además, es una iniciativa muy sensible por los problemas judiciales que tiene el PSOE, pero también por las exigencias que van a hacer los socios de la investidura, como Junts, para tratar de «castigar» a los jueces. En este sentido, no cabe olvidar que el PSOE registró una reforma de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal a principios de enero para tratar de liquidar el «caso Begoña», pero todavía no ha podido tramitarla en el Congreso por falta de apoyos.

Además de la ley contra la trata y la ley de enjuiciamiento criminal, hay 57 leyes más. De ellas, hay 14 orgánicas, por lo que requieren de la mayoría absoluta del Congreso para ser aprobadas (es decir, ahí no valdría la abstención de partidos como Junts). En este sentido, en la línea de inflar cifras, el Gobierno también incluye la ley de presupuestos en su plan normativo pese a que los propios ministros ya han declarado que no van a llevar las cuentas al Congreso sin tener los apoyos suficientes atados. Y eso probablemente no ocurra durante esta legislatura ya que socios tan determinantes y antagónicos como Junts y Podemos van a poner exigencias incompatibles. Además, los posconvergentes, en las últimas horas, han encarecido todavía más su apoyo tras haber visto un documento con los datos de inversiones ejecutadas en el primer semestre de 2024 y Cataluña solo está al 20%, a la cola junto a Andalucía. No obstante, la media nacional contabilizando a todas las autonomías se sitúa en el 34%.

Además, el Gobierno también incluye su plan contra los medios críticos con Sánchez. En concreto, prevé llevar al Congreso iniciativas anunciadas por el presidente en junio en su plan de «acción democrática», como la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la ley orgánica reguladora del derecho de rectificación; la ley orgánica de gobernanza democrática en los servicios digitales y los medios de comunicación; o la ley de publicidad y comunicación institucional. Con esas cuatro iniciativas, Sánchez pretende acabar con lo que considera «bulos» que van difundiendo «pseudomedios» financiados, a su juicio, por PP y Vox: en concreto, el presidente ha querido señalar y acabar con la prensa que ha ido desvelando informaciones comprometedoras sobre Begoña Gómez y David Sánchez.

Asimismo, el Gobierno también prevé aprobar la ley orgánica para reforzar la protección frente a la violencia de género; o la ley orgánica contra el racismo y la intolerancia. En el ámbito judicial, además de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, Moncloa quiere aprobar la ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal.

Finalmente, en el ámbito económico y de las relaciones laborales, se incluyen: por un lado, la ley para el buen uso y la gobernanza de la IA (una iniciativa que puede ser polémica, como las de los medios, ya que Sánchez ha emprendido una cruzada contra Elon Musk y la «tecnocasta»); y, por otro, la ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo (o la Ley de democracia en la empresa), que se tambalea porque Junts ya se ha opuesto por los problemas que generaría en Cataluña.

Por último, en el ámbito social y de protección de los consumidores, destaca la ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud o la ley de consumo sostenible.