Una solución justa para los mutualistas

El futuro de miles de abogados mutualistas en España está en juego. Durante años, más de 55.000 abogados optaron por la Mutualidad de la Abogacía como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), sin otro plan de ahorro.

Ahora, muchos de ellos han visto cómo sus expectativas de jubilación se desvanecen ante pensiones insuficientes que no les permiten llevar una vida digna en la tercera edad. El sistema de capitalización de la Mutualidad, basado en cuentas individuales, deja a un 5 por ciento de los mutualistas con menos de 500 euros al mes, mientras que el 64 por ciento apenas supera los 700 euros de pensión.

Estas cifras no solo vulneran sus expectativas legítimas, sino también su derecho constitucional a una jubilación digna. Esta situación crea una desigualdad evidente frente a aquellos que cotizan al RETA, quienes disfrutan de pensiones más ajustadas a las necesidades de la jubilación.

Aunque existe un consenso político sobre la necesidad de brindar una protección adecuada a este colectivo de letrados, y todas las fuerzas políticas sin excepción han mostrado su apoyo a iniciativas que instan a abordar este problema, hasta ahora nadie había presentado una solución concreta y viable para resolverlo de forma definitiva.

El conflicto es complejo y multifacético, caracterizado por una coexistencia de diferentes situaciones jurídicas y económicas. Además, para resolver este problema, cualquier solución debe garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, mantener el equilibrio financiero de la Mutualidad y respetar los derechos de los mutualistas.

Frente a esta situación, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el mayor de España, ha decidido actuar. Elaborada por la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, María Emilia Casas, hemos desarrollado una propuesta legislativa sólida que ofrece una solución viable a quienes están atrapados en un sistema que no garantiza sus derechos.

Nuestro objetivo es claro: permitir que los mutualistas que han contribuido durante años a la Mutualidad puedan acceder al sistema público de pensiones a través del RETA. Esta medida responde a una necesidad urgente y ofrece una base jurídica que facilitará las negociaciones con las autoridades legislativas y ejecutivas, asegurando que los mutualistas puedan disfrutar de una jubilación justa y digna, conforme a los principios de suficiencia prestacional recogidos en los artículos 41 y 50 de la Constitución.

La propuesta del ICAM no deja a nadie atrás, incluyendo a los mutualistas pasivos, aquellos que ya están jubilados. Para ellos, recogiendo las aportaciones de las asociaciones de mutualistas, defendemos que se les reconozca como periodos cotizados al mínimo los periodos aportados a la Mutualidad, y si el resultado arroja una pensión que supere la pensión mínima, reconocer dicha pensión, y si del resultado arrojase una pensión inferior a la mínima reconocer el derecho a complementos al mínimo.

Durante meses, el ICAM ha trabajado de manera constante y firme. Hemos mantenido diálogos con mutualistas, asociaciones y responsables políticos, siempre con el objetivo de hacer visible la urgencia de este problema. La pasarela voluntaria que proponemos permitirá a los mutualistas transferir sus cotizaciones al RETA, con flexibilidad según su edad y tiempo de cotización, sin barreras económicas adicionales.

Este acceso será completamente voluntario, permitiendo que aquellos que lo deseen mejoren su situación de jubilación sin verse obligados a cumplir criterios de vulnerabilidad económica.

Desde el ICAM, nuestra responsabilidad no es solo velar por el presente de la profesión, sino también por su futuro. Hemos liderado esta iniciativa con firmeza y discreción, convencidos de que el cambio es posible. Ahora, pedimos a los legisladores que transformen este consenso político en acciones concretas. No podemos permitir que se pierda esta oportunidad histórica que se nos presenta.

Además, nuestra propuesta incluye medidas fiscales temporales para aquellos mutualistas que decidan capitalizar sus prestaciones privadas. También proponemos flexibilizar las normas que regulan la compatibilidad entre el trabajo y la pensión, de modo que los abogados puedan seguir ejerciendo sin perder los derechos que ya han adquirido.

Esta propuesta no es solo una solución técnica a un problema complejo, sino una cuestión de justicia social. El sistema actual no puede seguir ignorando las necesidades de aquellos profesionales que han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad y que hoy se enfrentan a una jubilación insuficiente.

El ICAM, como lo ha hecho a lo largo de su historia, asume su responsabilidad en liderar este cambio. Seguiremos defendiendo a nuestros compañeros mutualistas hasta que esta solución jurídica se convierta en una realidad. Confiamos en que el Gobierno y los grupos parlamentarios actuarán con la celeridad y el compromiso que esta situación demanda. Ahora, más que nunca, es tiempo de actuar y de legislar.

Eugenio Ribón Seisdedos es decano del ICAM