Suiza alertó de que Granados era cliente de alto riesgo por blanqueo

Cincuenta y una personas, entre ellas el exdirigente del PP Francisco Granados, seis alcaldes madrileños y el presidente de la Diputación de León, han sido acusadas de formar parte de una supuesta trama de corrupción que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros.

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Francisco Granados y David Marjaliza se habían convertido para la banca suiza en «PEP» (Personas Expuestas Políticamente), que sirve para definir a individuos que han podido cometer delitos financieros, en concreto el blanqueo de capitales, según informaron a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

Las mismas fuentes indicaron que ambos no tienen una cuenta conjunta sino dos separadas, que son las que están siendo objeto de la investigación. Existe una tercera que se detectó en febrero a nombre de Granados, quien explicó que la usaba para intereses o rendimientos de cuentas, depósitos y activos financieros.

La «operación Púnica», desarrollada ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, se inició gracias a la información aportada por las autoridades suizas, que facilitaron datos de dos cuentas bancarias existentes en dicho país a nombre de Granados y Marjaliza, y que los convertía en «PEP». En concreto, se observó una serie de movimientos que levantaron las sospechas de las autoridades helvéticas sobre un posible origen irregular de los ingresos consignados en dichas cuentas. Se realizaban transferencias continuas entre las cuentas de ambos individuos, sin que el origen del dinero estuviera claro, y otros movimientos, que no se revelan, al estar siendo investigados y que deben permanecer de momento en secreto.

Por ello, las autoridades suizas enviaron a la Justicia española la correspondiente comisión rogatoria en la que se daba cuenta de que existían fundadas sospechas de que podía tratarse de un caso de blanqueo de dinero. Los investigadores creen que el porcentaje que cobraban los responsables de la trama era del 2 o el 3 por ciento, o cantidades fijas establecidas con anterioridad, sobre un total de 250 millones de euros de obras «gestionadas».

Al frente de la investigación se puso la Fiscalía Anticorrupción, que contó con la colaboración de la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado y la UCO. Las pesquisas avanzaron rápidamente y, en un plazo breve de tiempo, se pudo formalizar una querella ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que, en junio de este año, incoó diligencias por diversos delitos, que se citan en esta misma página.

Las fuentes consultadas han llamado la atención sobre el hecho de que entre los delitos se cite el de organización criminal, ya que los presuntos implicados (30 detenciones, incluidas las de Granados y Marjaliza, de las 37 previstas. El resto, hasta 51, era entrega de imputaciones) actuaban como un auténtico grupo delictivo, que cuando se acabó el «boom» de la construcción, optó por otros sectores industriales, como el de la eficiencia energética. Una de las empresas registradas ayer fue la división española de Cofely GDF Suez, dedicada a estas labores. Marjaliza, según los mismos medios, actuaba como auténtico «conseguidor».

El Juzgado de la Audiencia Nacional ha emitido 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos; 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos; y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los detenidos.

Además de los ya citados, entre los capturados está Alejandro de Pedro Llorca, al que los investigadores conceden un importante papel en la trama y que operaba en la costa mediterránea, donde desarrolló un negocio de consultoría. Para ello, estableció relaciones con las Administraciones valenciana y murciana. Su empresa, EICO, en el centro de Valencia, fue registrada por la Guardia Civil.

Uno de los arrestos que más llamó la atención fue el del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, que había sustituido a la anterior titular, asesinada hace cuatro meses.

Entre los demás detenidos, están: José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro; José María Fraile, alcalde de Parla; Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba; Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco; David Rodríguez Sanz, alcalde de Casarrubuelos; Antonio Sánchez Fernández, alcalde de Serranillos del Valle;José Antonio Alonso Conesa, que fue alcalde de Cartagena (Murcia) entre 1991 y 1995; Javier Hernández, concejal de Hacienda de Valdemoro;Avelino Pérez, cargo de confianza de la Concejalía de Obras Públicas, Sostenibilidad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Parla;José Fidel Saura, jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Región de Murcia, puesto en libertad;Mariola Martínez, directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, puesta en libertad; y Jesús Norberto Galindo, secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Fuentes de la Guardia Civil contestaron con un lacónico «sin comentarios» a la pregunta de que un miembro de la Benemérita pudiera ser objeto de investigación por haber informado, con anterioridad a la realización de la operación, a Francisco Granados. Todos los medios consultados han subrayado que la trama descubierta tenía como finalidad el lucro personal y, en ningún caso, la financiación irregular de partidos políticos.

Blanqueo de capitales

Hacer pasar fondos ilícitos como fruto de actividades de carácter ilícito.

Falsificación de documentos

Simular documentos originales con copias.

Delitos fiscales

Fraude a la Hacienda Pública.

Cohecho

Soborno a un funcionario público para lograr un favor.

Tráfico de influencias

Usar la influencia personal para lograr trato de favor.

Malversación de caudales

Sustracción de efectos públicos por parte de un funcionario o autoridad.

Prevaricación

Una autoridad dicta una resolución a sabiendas de que es injusta.

Revelación de secretos

Manipulación de datos reservados.

Negociaciones prohibidas a funcionarios

Actos vetados para un cargo público.

Fraudes contra la administración

Conductas en contra de organismo público.

Organización criminal

Delincuencia en grupo para lograr lucro económico.

Las Fuerzas de Seguridad utilizan nombres en clave para designar las operaciones para que, en caso de que se produzca alguna filtración, nadie sepa cuál es su objetivo. El nombre de la «operación Púnica» sale de un juego de palabras de los investigadores de la Guardia Civil entre Granados y el nombre científico en latín del granado, el árbol de la granada: «Púnica granatum». La Policía hizo algo parecido con la «trama Gürtel» (correa en alemán), ya que era el apellido del principal implicado en dicha trama. También en la lucha antiterrorista se utiliza esta metodología. La operación que, en marzo de 1992, permitió detener a todos los integrantes de la cúpula de ETA se denominó «Broma-Queso», porque había empezado el 28 de diciembre y se desarrollaba en Francia.