El Supremo imputa formalmente a Santos Cerdán y manda a la UCO al PSOE para clonar su correo

El magistrado Leopoldo Puente da impuso al caso Koldo. El instructor imputa formalmente a Santos Cerdány manda a la UCO a Ferraz para clonar su correo corporativo. En su auto manda también a los agentes a que acudan al Ministerio de Transportes, Adif y a la Dirección General de Carreteras a por información sobre los contratos señalados por la Guardia Civil e imputa, además, a cinco empresarios vinculados con las mordidas. Se trata de unos requerimientos que ejecutan desde esta misma mañana los agentes de la UCO que investigan estos hechos.

Además, el magistrado imputa a cinco empresarios vinculados con esta presunta trama de amaños de contratos públicos y retrasa la comparecencia de Santos Cerdán del 25 de junio al día 30, accediendo de esta forma a lo solicitado por su nuevo abogado. Puente explica al respecto que, habiendo perdido ya la condición de aforado procedería mantener su señalamiento del próximo miércoles ya que no hace falta ya pedir autorización al Congreso de los Diputados.

Ahora bien, dado que esta comparecencia ya no es voluntaria, sino que se va a celebrar en condición de investigado y dado el cambio de abogado, le da tiempo para que se la prepare. No obstante, le desestima la petición de entregarle el original del documento intervenido al empresario Joseba Antxón sobre la presunta venta del 45% del capital de Servinabar, mercantil clave en esta trama de amaños de obra pública. Le permite, no obstante, que la UCO aporte copia de este papel clave a la causa para entregársela a su abogado. Cabe recordar que la acusación que ejerce Hazte Oír solicitó la imputación de Cerdán en noviembre del año pasado.

Clonado de correos en Ferraz

Del mismo modo, el juez ha ordenado a los agentes de la UCO a que clonen los correos corporativos del hasta ahora número tres de la formación socialista. "Desaparecido el óbice que impedía investigar (inculpar) a don Santos Cerdán hasta obtener el correspondiente suplicatorio, procede requerir al Partido Socialista Obrero Español para que facilite a la unidad policial designada en esta causa especial el acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa", reza el instructor.

El juez encarga esta diligencia a tenor de los mensajes incautados a los imputados y en concreto, a uno remitido por el propio Cerdán a Koldo García, en el que le pedía que le enviara a su cuenta corporativa de partido "ciertas comunicaciones relevantes". Así consta en el conocido como "informe Cerdán" de la UCO en el que éste le dijo que le enviara a su correo la documental relativa a su contratación en 2017 como "asalariado del PSOE".

Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras, al borde de la imputación

Sin embargo, Puente desestima la petición de las acusaciones populares de registrar el despacho de Santos Cerdán en Ferraz y en el Congreso al considerar que la medida no es útil puesto que se trataría de un registro previsible, toda vez que Santos Cerdán tuvo conocimiento de la solicitud. Sin embargo, sí que ordena a los agentes a acudir al Ministerio de Transportes para grabar los correos electrónicos que figuren a nombre de José Luis Ábalos, quien ostentó esta cartera entre 2018 y mediados de 2021.

Además de Ferraz y a Transportes, manda a la UCO a Adif y a la Dirección General de Carreteras por los contratos que se firmaron desde estos entes. Puente les da un plazo máximo de 15 días para que entreguen los expedientes de adjudicación de las obras. En concreto quiere recabar la totalidad de informes, estudios, dictámenes, observaciones, propuestas de redacción, así como órdenes, comunicaciones y contestaciones efectuadas" relacionadas con estas adjudicaciones. En lo que respecta a Adif, pide información concreta de cinco licitaciones en Murcia, Lugo y Asturias.

Además, deja al borde de la imputación a la exdirectora de Adif Isabel Pardo de Vera y al expresidente de la Dirección General de Carreteras, Javier Herrero, por los indicios aportados por la UCO en su último informe. El atestado destapa conversaciones de ambos con Koldo García de las que se podría interpretar que estarían al tanto de los supuestos amaños. Sin embargo, Puente entiende que su situación no está indisolublemente ligada a Ábalos y envía lo relativo a ambos a la Audiencia Nacional para que el magistrado que instruye allí el caso Koldo, Ismael Moreno, decida sobre su futura imputación.

Cita como investigados al amigo de Cerdán y cuatro empresarios más

De ambos dice que habrían actuado para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término, "facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los distintos expedientes (tales como la apertura de las ofertas, fechas) o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el Ministro, a través de su asesor, les impartía". Con todo, cabe recordar que Pardo de Vera ya está investigada por la contratación en Ineco y en Tragasatec de Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos.

De igual manera imputa en las diligencias a José Ruz (socio de Levantina Ingeniería y Construcción); a Antonio Fernández Menéndez y a su hermano Daniel Fernández (vinculados a la firma Obras Públicas y Regadíos) a Fernando Agustín Merino (exresponsable de Acciona en Navarra) y a Joseba Antxón (amigo íntimo de Santos Cerdán y dueño de Servinabar). Los tres primeros están convocados para el 4 de julio y los dos siguientes para el día 7.

"Se trata, en todos los casos, de personas que, en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio. Tratándose de personas que pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial, la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste", argumenta el juez para mantener la competencia de los hechos.

"Información sospechosa de blanqueo de capitales"

Puente también autoriza a la UCO a que rastree el patrimonio de Santos Cerdán y de los empresarios ahora imputados, además de las mercantiles señaladas. El juez del Supremo quiere toda la información que dispongan las entidades bancarias de los productos financieros contratados, identificación de los titulares, personas autorizadas de las cuentas y el estado en el que se encuentran. También quiere identificar otros productos como cajas de seguridad que tengan contratados, así como toda la información sospechosa de blanqueo de capitales.

El auto sitúa el límite temporal en 2014, año en que Santos Cerdán fue nombrado diputado de Navarra. Se dirige a más de una veintena de entidades (algunas de ellas radicadas en el extranjero) y entre las que se encuentran Bankoa, Banca March, Banca Pueyo, BBVA y Banco Cooperativo Español.