No tenían razón

Las elecciones de Cataluña han dejado varios mensajes del electorado en los que creo que se puede coincidir desde distintos puntos de vista políticos e ideológicos: el desgaste que la gestión de gobierno ha supuesto para Esquerra Republicana, el enorme caudal de nuevos apoyos que ha recogido el Partido Popular o la victoria de Salvador Illa, con un 28% de voto celebrado como éxito incontestable por quien le niega la condición de ganador a un Feijóo que obtuvo cinco puntos más en las generales.

Pero hay una lectura oficialista especialmente descorazonadora y contra la que creo que debemos rebelarnos, que es la que Pedro Sánchez, Patxi López y el resto de portavoces socialistas han puesto en circulación: «Teníamos razón». En referencia al teórico aval que el resultado electoral da a la apuesta socialista por la Ley de amnistía.

Inquieta porque ese «Teníamos razón» no puede referirse a un posicionamiento histórico del propio PSC o PSOE, que solo adoptaron la amnistía en su programa político hace menos de un año tras un largo tiempo de férrea oposición a la misma. «Ni amnistía, ni nada de eso», decía Salvador Illa.

Este «Teníamos razón» en boca del Sánchez y el Illa de 2024 implica que quienes tenían razón eran los independentistas, verdaderos proponentes de esta operación y que lograron, con su chantaje cómodamente aceptado, mover la posición original de los socialistas hacia su postura.

Sánchez, Patxi López e Illa incluyen, por tanto, en esa primera persona del plural del «teníamos» a los independentistas con los que tanto confrontaron. Y al atribuirse la razón en este último giro, admiten implícitamente haber estado antes equivocados. ¿Cuándo? Cuando defendían, junto al Partido Popular, el funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país.

Este nuevo grito de guerra del PSOE asume como un rumbo erróneo la etapa en la que los socialistas confrontaron la ilegalidad practicada por el independentismo en el Parlament catalán, apoyaron la aplicación de la Constitución en Cataluña con la votación del uso del artículo 155 en el Senado o defendieron la justicia española frente a las acusaciones de partidismo, de parcialidad y hasta de fanatismo de quienes proclamaban la existencia de persecuciones políticas por parte de nuestro sistema judicial.

El «teníamos razón» esconde un sonrojante «nos equivocamos» cuando señalamos la comisión de delitos de sedición –hoy borrados del Código Penal–, cuando defendimos la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo –hoy bajo amenaza de ser anulada por la ley de amnistía–, o cuando comprometimos que los tribunales españoles juzgarían los delitos de Carles Puigdemont –hoy convertido en el clavo ardiendo sobre el que se sostiene el Gobierno de España–.

El socialismo español asume que ha pasado a tener razón cuando su opinión ha confluido con la de los independentistas pero que estuvo en un inmenso error cuando se alineó con el Partido Popular, con el Tribunal Supremo, con el Tribunal Constitucional, con el Poder Judicial, con la Constitución Española y, en resumen, con la idea de un Estado liberal y democrático de Derecho.

Lo peor del «procés» nunca fue el independentismo. La defensa de la secesión de una parte del territorio español es un proyecto político legítimo, muy discutible pero asumible en democracia.

Lo peor del «procés» fue la asunción de una retórica populista y antiliberal por parte de los representantes políticos: se pretendió deslegitimar el entramado institucional español para abrazar proclamas decisionistas que enfrentaban la voluntad popular con el orden constitucional y que oponían la mayoría coyuntural de una votación parlamentaria a los sistemas de separación de poderes y de contrapoderes que caracterizan a una democracia avanzada.

Frente a ese riesgo populista de subversión de las instituciones hubo una reacción fraternal, que unió a demócratas de izquierda y derecha ante los atropellos cometidos por el independentismo en el Parlament de Cataluña y que sumó posteriormente a todas las instituciones españolas, desde la Corona hasta los tribunales pasando por las Cortes Generales, en la defensa de los valores de convivencia y de respeto a la legalidad y al Estado de Derecho.

El chantaje ha movido al PSOE a la posición de los independentistas

Aquella gran lección de patriotismo cívico que nos brindó la oposición al populismo del «procés» es hoy tachada por el Partido Socialista como un error del que avergonzarse porque ahora el socialismo catalán y español ha asumido como propio el relato populista.

Hoy es el PSOE quien habla de «lawfare» y de golpes de estado judiciales, quien señala a «fachas con toga» y a magistrados «a sueldo» de la derecha, quien opone voluntad democrática a Estado de Derecho y quien antepone la voluntad popular, a través de las mayorías parlamentarias, al cumplimiento de las sentencias dictadas por los juzgados.

Con su «teníamos razón», Sánchez e Illa recogen todo el largo historial de ataques al Estado de Derecho y a la convivencia democrática de los líderes del «procés» y se lo anotan como propio, reivindicándolo como correcto frente a las tesis defendidas por el socialismo durante esos años.

Tenía razón Puigdemont frente a la Carmen Calvo que hablaba de que «la amnistía borra el delito, lo que significa que el poder judicial no existe». Tenía razón Junqueras frente al ministro de Justicia Juan Carlos Campo que decía que «no cabe la amnistía porque la amnistía es el olvido».

El «procés» fue un desafío a la fortaleza de nuestra democracia, de nuestras convicciones constitucionales y de nuestro Estado de Derecho.

Produjo una enorme tensión y un gran dolor por la actitud irresponsable de algunos pero dejó en toda la sociedad un poso de tranquilidad al comprobar que, ante los desafíos, nuestra democracia y nuestra Constitución tenían mecanismos para defenderse y un consenso esencial entre los distintos actores políticos y sociales para apoyar al conjunto de esas instituciones.

Hoy la lectura que se quiere hacer es que no teníamos razón al pensar eso. Que acertaban aquellos que decían que nuestra democracia era falsa, que nuestro Poder Judicial no era independiente y que nuestro sistema constitucional no tenía fuerza para prevalecer ante las pulsiones totalitarias de una mayoría que carecía de límites.

Teníamos razón, nos dicen, Sánchez y Puigdemont e Illa y Junqueras cogidos de la mano, compartiendo el mismo esquema mental y político de un país sin garantías sometido a la tiranía de la mayoría.

Tenía razón la mayoría independentista en saltarse la ley, la Constitución y el Estatuto con las leyes de desconexión porque luego otra mayoría procesista en el Congreso ha podido borrar ese delito y anular esas sentencias. «Teníamos razón porque somos mayoría y la mayoría ha votado que tenemos razón», concluyen, ahora, satisfechos de utilizar en beneficio propio el esquema procesista de utilizar las urnas como aval de la ruptura de las normas de convivencia.

Por eso me niego a aceptar esta lectura. El resultado de las elecciones en Cataluña del pasado 12 de mayo no le ha dado la razón ni a los que siempre han defendido la impunidad de la violación constitucional ni a los nuevos feligreses de ese credo.

Y España no puede tolerar que la lección que quede del «procés» sea que desafiar al Estado, a la Constitución y a la democracia no solo es gratis sino que tiene premio.

Por eso ha sido tan importante el apoyo a la concentración que el Partido Popular convocó este pasado 26 de mayo en defensa de nuestro Estado liberal y democrático de Derecho y de nuestra Constitución.

Porque este discurso sigue mereciendo una respuesta cívica como la que tuvo el discurso procesista. Una unidad constitucional que ha gritado de nuevo como gritó entonces, pero esta vez lamentablemente sin el Partido Socialista, que no tenían razón.

Miguel Tellado es portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados