El Gobierno cierra «hasta nueva orden» la oficina de la Generalitat en Bruselas

Tras conocer las instrucciones del Gobierno, Puigdemont y Torrent se han reunido en la sede de la Alianza Libre Europea (ALE), partido europeo que incluye entre otros a ERC.

El Gobierno ha ordenado el cierre de la oficina de la Generalitat de Cataluña en Bruselas "hasta nueva orden"según han informan fuentes del Gobierno, después de haber prohibido que se reunieran en las instalaciones el president del Parlament, Roger Torrent, y el candidato de Junts per Catalunya y expresident, Carles Puigdemont.

Tras conocer las instrucciones del Gobierno, Puigdemont y Torrent acordaron reunirse en la sede de la Alianza Libre Europea (ALE), partido europeo que incluye entre otros a ERC.

La reunión ha sido convocada por el presidente del Parlament para comunicarle su intención de convocar el pleno de investidura para el próximo martes, 30 de enero.

"Me han dicho que del Ministerio de Exteriores (español) habían llamado directamente a la delegación para decir que (la oficina) está sometida a tutela y que no autorizaban la celebración de esta reunión", explicó Piqué a los medios.

Añadió que le han comentado que el presidente del Parlament "ha buscado una ubicación alternativa".

El Ministerio de Exteriores español notificó a los responsables de la sede catalana en Bruselas la prohibición de que Puigdemont entrase en el edificio, que depende orgánicamente del Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"España no les reclama, no les ha reclamado en Bélgica, no les ha reclamado en Dinamarca cuando el desplazamiento del presidente y esto además no es territorio español, es territorio belga, por lo que nosotros nos reservamos el estudio de las acciones legales que puedan ser consecuencia de este veto que es totalmente improcedente e indigno", agregó Piqué.

El portavoz de Puigdemont dijo que su intención es "hacer notar que el presidente de la Generalitat no es ningún fugado de la Justicia, tampoco los consellers que le acompañan", en referencia a los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig -ambos de JxC- y Meritxell Serret y Toni Comín -ambos de ERC-, también en Bruselas desde hace tres meses.

Subrayó además que no "tienen causas pendientes con la Justicia".

Todos ellos están imputados por la Justicia española por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos a causa de la declaración unilateral de independencia de Cataluña del pasado 10 de octubre.

El 27 de ese mismo mes, el Gobierno central aplicó el artículo 155 de la Constitución y cerró todas las sedes de la Generalitat fuera de Cataluña salvo la de Madrid y la de Bruselas, que las mantuvo aunque cesó a sus responsables.

Según fuentes soberanistas, Torrent había previsto comunicarle a Puigdemont en su cita que tiene la intención de convocar el próximo 30 de enero el pleno de investidura a la Presidencia de la Generalitat, a la que aspira el expresidente.

Según sus planes, el debate de investidura tendrá lugar en una sola sesión y un día antes de que finalice el plazo legal para celebrarla, ya que el reglamento del Parlament establece que debe producirse dentro de los diez días hábiles posteriores a la sesión constitutiva, según han confirmado a Efe fuentes parlamentarias.