UGT-A usó fundaciones propias sin ánimo de lucro para ahorrarse el IVA

La maquinaria contable de la UGT-A Andalucía estaba perfectamente engrasada. No sólo articuló un sistema presuntamente defraudatorio en torno al cobro de comisiones, maquillaje de facturas, generación de botes con los proveedores o la instauración de un «canon revolucionario» del 20 por ciento en las partidas de cursos de formación. También recurrió a argucias legales para sacar el máximo partido a las subvenciones finalistas transferidas por la Junta de Andalucía, muchas de ellas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. Uno de estos ardides consistió en valerse de un anillo de fundaciones satélites del propio sindicato para ahorrarse el pago del IVA. Así lo señala la Guardia Civil en uno de los atestados que componen el sumario del caso que instruye el juez Juan Jesús García Vélez y al que ha accedido LA RAZÓN.

La Guardia Civil dedica un apartado específico denominado «emisión de facturas a UGT-A por parte de fundaciones pertenecientes al sindicato». La primera irregularidad en la que repara la Benemérita es en el encargo por parte del departamento de Justificaciones de facturas a medida, para poder incluirse posteriormente en subvenciones finalistas. «Del análisis de la correspondencia electrónica observada en el disco duro instalado en el equipo de María Dolores Sánchez (responsable de Justificaciones) se pudo constatar que una práctica habitual del sindicato era pedir a otras fundaciones a éste vinculadas (Fudepa, FSLA, Soralpe Fundación Esculapio...) la emisión de facturas por cuantías, fechas y conceptos determinados. Los conceptos sobre los que estas facturas se emitían, obedecían a aspectos tales como consultoría, alquileres, etc, advirtiendo los emisores de dichos correos a sus destinatarios de la necesidad de que dichas facturas fuesen emitidas con anterioridad a determinada fecha».

Prueba de ello es un correo electrónico fechado el 29 de noviembre de 2011, en el que un trabajador del área de Justificaciones, José Miguel Galdeano, solicita a la Fundación Socio Laboral de Andalucía (FSLA) la emisión de dos facturas por importe de 350.000 y 150.000 euros en concepto de «asesoramiento jurídico de la acción sindical» e «instrumentos de asesoramiento a la negociación colectiva». Galdeano añade que «podría poner como fecha noviembre de 2011, aunque serviría cualquier fecha de ese mismo ejercicio». El «modus operandi» se repite en otro email remitido «unos instantes después» a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa). En este caso la petición es de «cuatro facturas por un importe en su conjunto de 345.000 euros». Los correos van remitidos con copia a María Charpín, ex secretaria de Gestión Económica, detenida junto a otras 15 personas en la segunda fase de la «operación Cirene».

Se da la circunstancia de que las facturas emitidas por estas fundaciones están exentas de IVA al tratarse de entes «sin ánimo de lucro». Esto llama la atención de la Guardia Civil, que recoge varios ejemplos de facturas referentes a la FSLA y a Esculapio. De hecho, la UGT remitió un correo electrónico el 1 de diciembre de 2011 a dos funcionarias de la Junta de Andalucía adjuntando un archivo pdf «en el cual venían expresados los motivos por los cuales las facturas emitidas por la Fundación Sociolaboral estaban exentas de IVA».

El departamento de Justificaciones trabajaba bajo la directriz de endosar el mayor número de gasto posible a subvenciones finalistas. Era la orden interna del ex tesorero y ex secretario de Administración, también detenido, Federico Fresneda. De ahí que estos encargos de facturación acabaran en ayudas específicas. Esta última fase no la desarrolla la Guardia Civil en este apartado, pero este periódico está en poder de documentación que lo prueba.

Un ejemplo claro, que ilustra perfectamente este engranaje, es la subvención de 700.000 euros para «acciones de coordinación, infraestructura y difusión de las iniciativas que el sindicato atiende en materia de negociación colectiva». Con cargo a este expediente, el CLB 2/2010, UGT-A presentó una factura de la Fundación Sociolaboral de Andalucía de 453.667 euros. Hasta llegar a los 700.000 euros, aparecen reseñados en el presupuesto justificativo entregado a la Junta 40.000 euros para «gastos de viaje, alojamiento y manutención», otros 26.333 para «gastos de reuniones, estudios, personal de apoyo, publicaciones y estudios específicos», 80.000 para gastos de manutención o alojamiento relacionados con la comisión de seguimiento de la Negociación Colectiva y 100.00 más para salarios. Resulta que este expediente, el CLB 2/2010 lo declaró nulo la Junta. Incluye 408 asientos contables, según puede constatar LA RAZÓN, con gastos de todo tipo. Entre ellos, las dos facturas de las mariscadas de la Feria de Abril de Sevilla. Una de 12.716 euros y otra de 25.000 euros.