UGT intentó ocultar pruebas a la Justicia desde que se destapó el escándalo

Los dirigentes de UGT-Andalucía conocían desde el principio que el desvío de fondos públicos que estaban destinados en un principio a cursos de formación, pero que acabaron financiando actividades propias del sindicato, podía acabar en un escándalo de magnitudes insospechadas, que, como se ha comprobado finalmente, derivó en la imputación de sus entonces principales responsables, y con responsabilidades de sus dirigentes. Así lo desvela un informe de la Guardia Civil de enero de 2013, que consta en el sumario de las facturas falsas de UGT-A que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Ante esas impresiones, bien fundadas al parecer, los dirigentes ya tomaron medidas para intentar ocultar pruebas a la Justicia y, de esa forma, hacer desaparecer cualquier documentación que pudiese involucrarse.

A esa conclusión llegó la Guardia Civil tras analizar el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas a Federico Fresneda, ex tesorero de UGT-Andalucía, con varios interlocutores, y de algunos seguimientos a los que fue sometido, con reuniones para «mantener ocultas» esas pruebas: «Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que desembocaron en la supuesta malversación de caudales públicos ocasionados en la utilización fraudulenta de fondos que debieran haber sido dedicados al pago de acciones formativas en programas de Formación Profesional, teniendo en cuenta que esta cuestión está siendo tratada por los medios de comunicación públicos, los supuestos responsables del hecho estarían manteniendo reuniones que les permitieran mantener ocultas cualquier tipo de pruebas a la acción de la Justicia», afirma al respecto el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Pero no se abordaba sólo la cuestión de ocultar pruebas, sino que también «se podría evidenciar la estructura empresarial diseñada para justificar el desvío de los fondos públicos supuestamente malversados». Esas reuniones se solían mantener en lugares públicos, como cafeterías, terrazas de bares, etc, «evitando así mantenerlas en lugares oficiales», ya que, de esa forma, solían ser más «discretas».

Ex alcalde del PSOE, a escena

El informe de la UCO se centra en las actuaciones de Federico Fresneda y de cómo va advirtiendo que las investigaciones empiezan a complicar la situación del sindicato, de sus dirigentes. Así, el 29 de noviembre de 2012, se intercepta una llamada telefónica entre el ex tesorero de UGT-Andalucía y otra persona que respondía al nombre de «María». En esa conversación, Fresneda le informa que los dos días anteriores se celebró el Comité Confederal y que «cabía la posibilidad de que Paco», en referencia a Francisco Fernández Sevilla, entonces secretario general del sindicato, dimitiese: «Fue duro, porque el monotema era Andalucía, y bueno, Paco en su línea, pero parece que se va a producir la dimisión de Paco, en un comité extraordinario convocado el 9 de enero, no sé yo si será o no será, pero bueno, está el ambiente caldeado, entonces, pues esto es muy cansado».

Preparémonos para dimitir

Un día antes, el 28 de noviembre, Fresneda mantiene una reunión, durante una hora, en un bar de Sevilla con el abogado Luis López Castro, primero en la terraza y luego, al comenzar a llover, en su interior. Los agentes pudieron conocer el contenido de ese encuentro gracias a una conversación intervenida el día 29 entre el ex tesorero del sindicato y un tal «Enrique», que resultó ser Enrique Goicoechea, consejero delegado que se encargaba de la administración de dos de las empresas de UGT, en la que el primero informa al segundo de esa reunión, y ahí aparece el nombre de Manuel del Valle, ex alcalde socialista de Sevilla -cuyo despacho fue registrado por la Guardia Civil en diciembre del pasado año y a quien reclamaron la documentación de Geosur, sociedad que presidía, y que asesoró a UGT en dos promociones inmobiliarias-. «Ayer estuve reunido con Luis -le dice a su interlocutor- y me dijo que había que quitarme del cargo tanto lo de Manolo del Valle como lo nuestro, lo vuestro, lo tuyo...».

Dado que Enrique no comprendía lo que le quería decir, Fresneda se lo aclaró: «Que tenía que dimitir». Su interlocutor era algo que daba ya por supuesto: «...ah, sí, ya he hablado yo esta mañana con Manolo del Valle para que vayamos a preparar toda la documentación para presentar las dimisiones», en referencia no sólo al sindicato, sino también a las empresas que gestionaba.

El «modus operandi» para desviar el dinero

El bote

Era la creación de un saldo con proveedores «de confianza», que, para que el sindicato justificase gastos imputables a subvenciones, emitían facturas «por servicios que no se habían realizado».

El rápel

Aquellos proveedores que quisieran contratar con UGT debían aceptar un descuento «entre el 3 y el 15 por ciento», que se ingresaba en el sindicato por talón o transferencia.

Aseguradora

La póliza de seguro de cualquier curso de formación había que contratarla con una aseguradora propiedad de UGT, la cual «siempre devolvía el 50 por ciento de la póliza» al sindicato.