Una decena de empresarios señala a Anticorrupción nuevos implicados en el 3%

Las revelaciones de los industriales a la Fiscalía precipitaron ayer el registro del Ayuntamiento de Sant Quirze del Valls.

Las investigaciones que en su día inició la Guardia Civil como Policía judicial a las órdenes de Josep Bosch Mitjavila, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), han permitido abrir lo que se podría considerar una nueva fase del «caso 3%», en el que se investigan las donaciones de empresarios a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de la concesión de obras licitadas por organismos oficiales controlados por los nacionalistas catalanes.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, algunos de los empresarios implicados en dichas donaciones, realizadas fudamentalmente a través de CatDem, al ser requeridos por la Guardia Civil para que prestaran declaración sobre su participación en los hechos investigados, se ofrecieron no sólo a cooperar, sino a revelar nuevos datos, hasta ahora desconocidos.

Ante la magnitud que cobraba el asunto, según las citadas fuentes, los agentes de la Benemérita aconsejaron a los industriales, casi una decena, que se pusieran en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para, además de tratar de llegar a eventuales acuerdos de futuro, informar de todos los datos que poseían. Así lo han hecho y lo cierto es que la Fiscalía cuenta con esas nuevas informaciones –calificadas por medios consultados de importantes e «interesantísimas»– con el fin de continuar las investigaciones y que la Guardia Civil pueda proseguir con esta auténtica macrocausa sobre la financiación irregular del nacionalismo catalán.

Complejidad

El asunto, dada su complejidad y los resultados que pudiera ofrecer en el futuro, se lleva dentro del máximo secreto, tanto para no entorpecer unas investigaciones que están a punto de comenzar como para preservar la identidad de aquellos empresarios que se han prestado a colaborar con la Justicia.

Tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición del pasado lunes, los industriales han optado, junto con sus abogados, por la fórmula de llegar a pactos con la Fiscalía, a cambio, eso sí, de que aporten toda la información que tienen sobre el caso. Las referidas fuentes subrayan que aún es pronto para precisar si las informaciones aportadas se refieren a la supuesta trama montada por la familia Pujol, pero enfatizaron la importancia de los resultados que se pueden obtener en los próximos meses.

Nuevos registros

Por otra parte, la Guardia Civil registró ayer por orden judicial el Ayuntamiento de Sant Quirze del Valls (Barcelona) en busca de un expediente relacionado con la adjudicación de obras a la constructora Teyco durante el mandato de Montserrat Mundi (CDC), alcaldesa anterior al actual Gobierno municipal, según informó el Consistorio en un comunicado. Se trata de adjudicaciones gestionadas por la empresa municipal Comú en el marco de la construcción de vivienda pública municipal en 2012, cuando el ayuntamiento, ahora con Junts pel Sí-ERC-AM en la Alcaldía, estaba gobernado por CiU.

El actual equipo de Gobierno lamenta en el mismo comunicado ver cómo el consistorio «se puede ver afectado en el marco de investigaciones judiciales de las que se puede desprender que dinero público del municipio ha estado utilizado con finalidades ilícitos». Además, el equipo de Gobierno muestra su «total disponibilidad» a colaborar con las autoridades judiciales para «esclarecer con la máxima celeridad» esta situación,

Sobre este registro, las citadas fuentes señalaron que se trata de algunos flecos que han quedado de la investigación que se inició en su día tras las denuncias contra el alcalde de Torredembarra y la empresa Teyco. Los datos aportados ahora por los empresarios son, en todo caso, de más relevancia.

Lo que la Guardia Civil está intentando completar ahora, una vez concluido el grueso de la primera fase de la investigación del «caso 3%», es realizar todas las diligencias suplementarias que les indica el juez de El Vendrell que instruye el caso.