Veinticinco exministros advierten: «Imponer la independencia equivaldría a un golpe de Estado»

«Imponer como hecho consumado, una España sin Cataluña es disparatado. Una decisión de tal calibre, que alteraría el ser histórico y el existir de España, no puede adoptarse en elecciones autonómicas, pues sería un atropello a la ley de imprevisibles consecuencias». Esta es una de las conclusiones a la que han llegado los 25 ex ministros de los gobiernos de UCD, PSOE y PP, que conforman la Fundación España Constitucional y que hoy han hecho público el informe «Ante el intento de separar Cataluña de España».

Un llamamiento al diálogo, basado en las raíces comunes que comparten España y Cataluña, y que quiere rebatir algunos de los argumentos esgrimidos por los independentistas. «En democracia, el derecho a decidir no llega al extremo de decidir por el vecino. Derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos. No hacerlo así equivaldría a un pronunciamiento o golpe de Estado y abriría una enorme crisis de convivencia», determina el informe hecho público hoy por estos ex dirigentes políticos.

En clara alusión a Artur Mas, critican que las elecciones al 27 S se hayan presentado como un «plebiscito separatista» y hacen una férrea defensa de la unidad de España.

Defensa de la Constitución

Los miembros de la Fundación señalan, entre otras cosas, que gracias a la Carta Magna, Cataluña goza de instituciones políticas propias con amplias funciones en las que «nacionalistas, republicanos y socialistas han gobernado con libertad». Y si bien reconocen que las circunstancias aconsejan reformar el texto en algunos puntos, no entienden ese afán por «echarla abajo o cambiar el sistema constitucional», menos cuando se trata de imponer de forma «unilateral».

«Para los independentistas la Constitución ya no estaría, en realidad, vigente, ni les vincularía en absoluto, así como tampoco las sentencias y decisiones del Tribunal Constitucional, salvo que les fuesen favorables. La España de hoy, su configuración y su Constitución no les valen», señala el informe. Sin embargo, los separatistas defienden que «Cataluña es ya un sujeto político distinto y que debería proclamarse Estado independiente, separado del conjunto de España»

Un objetivo que pretenden lograr, relata el documento, sin contar con los catalanes no partidarios de la independencia, ni con el resto de los españoles, en esas elecciones «plebiscitarias», sólo aptas para catalanes.

Enfoque internacional

A juicio de los firmantes de este documento, la pretensión independentista parte, además, de un enfoque internacional equivocado, ya que introducir en la agenda de Naciones Unidas un contencioso sobre el independentismo catalán es un «sinsentido». Y lo argumentan: «La carta de Naciones Unidas respalda ante todo la integridad territorial de sus Estados miembros. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas».

Por lo que respecta a Europa, la ruptura territorial de un Estado miembro, ni está prevista en los Tratados, ni la parte desgajada conservaría derecho alguno a continuar en la Unión Europea, concluyen.

El proceso electoral del 27S

Por otro lado, alertan de que el llamado «proceso» se aleja de las garantías exigibles en democracia: Organización de manifestaciones con recursos de origen público, falta de neutralidad y pluralismo en los medios de comunicación dependientes de la Generalitat, sesgados e insistentes, la posterior presentación de una candidatura única para un movimiento independentista que cobija a líderes de partidos con programas distintos y hasta opuestos... y todo ello presentado como en un supuesto plebiscito.

Llamamiento a la sensatez

En conclusión, los firmantes de este manifiesto se declaran partidarios de una Cataluña integrada en un proyecto común de progreso, unida al resto de España y, bajo ningún concepto de «Una España sin Cataluña ni de una Cataluña sin España». Consideran que entre la independencia y la situación actual hay fórmulas más convenientes para todos y hacen un llamamiento a la participación «sensata» de los ciudadanos. «La historia no empieza ni termina el 27 de septiembre», finalizan.