Venezuela pregunta a la Fiscalía si ya investiga la financiación de Podemos

Enviará oficios a 69 diputados de la formación y a la Fundación CEPS para que colaboren

Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, en una imagen de archivo, durante uno de sus viajes a Venezuela
Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, en una imagen de archivo, durante uno de sus viajes a Venezuela

Enviará oficios a 69 diputados de la formación y a la Fundación CEPS para que colaboren

La investigación que adelanta la Asamblea Nacional desde la Comisión de Contraloría contra el partido de Pablo Iglesias, Podemos, dio ayer sus primeros pasos formales. El presidente de la instancia, el diputado opositor Freddy Guevara, tenía la intención de enviar ayer oficios a varias instituciones españolas para que colaboren con las pesquisas que se realizan en Venezuela. Pero, tal y como confirmaron a La RAZÓN, los cortes de luz que sufre el país obligaron a retrasar estos envíos hasta mañana. Así, enviará comunicaciones a la Fiscalía española para saber si hay alguna causa abierta contra la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), ya que en ese caso prevalecería la investigación española. Pero también a 69 diputados de Podemos, a los que invita a colaborar preguntándoles si existe la posibilidad de que viajen a Caracas a comparecer en calidad de invitados y, en caso de que no pudieran hacerlo físicamente, que expliquen si existe otra forma de colaboración. Y a la propia CEPS, con su actual directiva, para informarles sobre la apertura de la investigación por el pago de más de 7 millones de euros por parte del Gobierno de Venezuela entre los años 2003 a 2011.

Las comunicaciones se enviaron justo después que la vicepresidenta del Gobierno español en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, instara a que Podemos colaborase en todas las formas posibles con el trabajo de la Asamblea venezolana.

Los oficios salieron con la aprobación de la Junta Directiva del Parlamento, encabezada por Henry Ramos Allup, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que es necesario investigar la presunta financiación al partido de Iglesias durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, por concepto de asesorías, apoyo técnico y alianzas ideológicas con Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge.

La instancia parlamentaria no descarta citar al propio líder de Podemos para que comparezca ante el Legislativo, una vez que concluyan las elecciones del 26-J.

La Comisión de Contraloría pondrá todos sus esfuerzos en la investigación, después de que se conociera que los presuntos pagos salieron de organismos del Estado venezolano, como el Despacho de la Presidencia, el Ministerio de finanzas, el de Comunicación, el del Trabajo, el de Interiores o el canal Telesur, entre otros. Los diputados no se han puesto plazo, aseguró un informante de la instancia parlamentaria, pero estiman tener respuestas claras en unos dos meses.

El proceso ha sido rápido. Al inicio de la gestión, en enero, de la nueva Asamblea con mayoría opositora, se propuso la creación de una comisión para investigar esta financiación. El chavismo decidió no participar y la comisión quedó instalada con los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática. Posteriormente, en mayo, cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, viajó a Venezuela, los diputados se comprometieron a adelantar los detalles de los pagos del chavismo al instituto español.

Hace apenas tres días, la Comisión de Contraloría recibió de parte de la Comisión de Política Exterior la solicitud formal de inicio de la investigación por tres conceptos: asesorías y programas de formación para el Despacho de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Interiores, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y la Asamblea Nacional; Asesorías y apoyo técnico para la política comunicacional del Gobierno, la reforma del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, y la articulación de las misiones sociales con las organizaciones comunales y el reforzamiento de las afinidades políticas hacia el «Gobierno Bolivariano». Además, ya iniciaron los trámites legales para el trabajo de los parlamentarios.