Viera responsabiliza a sus subordinados de las irregularidades en los ERE

El exconsejero de Empleo de la Junta Juan Antonio Viera ha responsabilizado a los cargos inferiores de la Consejería de las posibles irregularidades cometidas en las subvenciones y ayudas sociolaborales a empresas sometidas a ERE, según han señalado fuentes jurídicas. Viera ha declarado durante cuatro horas ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo de la causa que se sigue contra cinco aforados -José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno y el propio Viera - por el posible fraude de los ERE, cuantificado en más de 800 millones de euros. Viera respondió a todas las preguntas formuladas tanto por el juez como por lo dos fiscales que estaban presentes en su declaración como imputado.

Sobre esta cuestión, el abogado de la acción popular, ejercida por Manos Limpias, Pedro Muñuoz, insistió en que estaba citado como imputado por los delitos que se investigan en dicho procedimiento: prevaricación y malversación de caudales públicos.

En su testimonio aseguró que su trabajo se reducía a una mera «acción política» y que, por tanto, estaba al margen de todas las cuestiones relacionadas con la legalidad o no de los informes sobre esas ayudas y subvenciones que le presentaban los cargos inferiores, entre ellos, citó expresamente al exdirector de Empleo Javier Guerrero como uno de los artífices de quienes presentaban esos informes.

Viera también ha asegurado que él se limitaba a visitar las empresas que estaban en crisis pero que en ningún caso cuestionaba los informes que se le presentaban, se limitaba a firmarlos. E cambio, según la acción popular, sí reconoció que conocía los informes de la Intervención General de la Administración en los que se cuestionaba el procedimiento y la legalidad de gran parte del sistema seguido para la concesión de las ayudas y subvenciones a las empresas en crisis.

El primero de los cinco aforados en declarar

Con media hora de antelación llegaba al Tribunal Supremo el ex consejero de empleo de la junta de Andalucía, José Antonio Viera, acompañado de su abogado para declarar como imputado por el fraude de los ERE ante el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro.
Viera no realizó ningún tipo de declaraciones a su llegada a la sede judicial, como tampoco la realizaron los abogados de la acusación.
Viera es el primero de los cinco aforados a los que investiga el Supremo en este procesamiento que declara en el Supremo, y al igual, que lo hará como imputado.
Todos ellos solicitaron comparecer voluntariamente una vez que el Tribunal admitió a trámite, sólo respecto a ellos, la exposición razonada que remitió la magistrada de Sevilla, Mercedes Alaya con todos los indicios respecto a su posible conocimiento del fraude. En cuanto a Viera , un dictamen de la Guardia civil considera que jugó un «papel esencial» en la trama.

«Papel esencial»
Hace ya más de tres años que los agentes de la Guardia Civil señalaron que el ex consejero José Antonio Viera –estuvo al frente del departamento entre 2000 y 2004– jugó «un papel esencial» en la concesión de ayudas irregulares a empresas radicadas en la Sierra Norte de Sevilla. Los agentes de la UCO entregaron en febrero de 2012 documentación a la jueza Mercedes Alaya en la que señalaban que Viera, diputado en el Congreso tras las elecciones generales de 2011, había dado órdenes a Francisco Javier Guerrero, su director general, para el reparto de dinero del «fondo de reptiles» entre empresas de la zona.
Ya en esa época, la Benemérita calculaba que entre 2001 y 2008 se habían concedido de manera irregular alrededor de 60 millones de euros a empresas y que la mitad se lo habían repartido entre empresarios de la zona. Dos años después, en un atestado sobre las ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo a la comarca de la Sierra Norte, los agentes de la UCO insistieron en la participación esencial» del diputado socialista en el reparto «discrecional» de dinero a empresas en la Sierra Norte de Sevilla. En concreto, esta zona recibió entre 2001 y 2010 un total de 56.401.307,43 euros de los 85.442.982,73 euros concedidos. Sólo en la época de Viera, la cantidad fue de 32,6 millones. Entre los grandes beneficiados por éste se encontraban un grupo de empresas pertenecientes a los ex concejales socialistas en El Pedroso –un municipio de la Sierra Norte de Sevilla–, José Enrique Rosenso y José María Sayago. Casualmente, la hija del ex consejero de Empleo, Sonia Viera, fue contratada por estos empresarios. La Guardia Civil cita que la participación de Viera se produjo por «intereses personales» y «afinidades políticas», motivos por los que dio las «instrucciones oportunas» a sus subordinados para que tramitaran estas ayudas.

Viera impulsó junto a su viceconsejero Antonio Fernández el convenio de colaboración que permitió en julio de 2001 justificar el pago de subvenciones a través de una empresa pública –IFA/IDEA–. Fernández sustituyó a Viera al frente de Empleo en 2004 y, al no estar aforado, ingresó en prisión en abril de 2012 y salió casi cuatro meses tras depositar 450.000 euros de fianza.