Vocales del CGPJ señalados por el fiscal general: «El objetivo es quitarnos legitimidad»

Horas antes de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se diesen una nueva oportunidad para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras cinco años de desencuentros que han impedido su renovación, el fiscal general ajustaba cuentas con el órgano de gobierno de los jueces, cuestionando en el Congreso su decisión de considerarle no idóneo para el cargo, una actuación que Álvaro García Ortiz llegó a comparar con la de un «tribunal de honor». El máximo representante del Ministerio Público no dudó en señalar –aprovechando su comparecencia para recabar el plácet de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja a su continuidad en el cargo– a los ocho vocales de la mayoría conservadora que reprobaron su designación. Unas palabras que causaron malestar entre los consejeros que respaldaron ese acuerdo, a quienes el fiscal general atribuyó una «clara injerencia» en la Fiscalía, responsabilizándoles de un «inadmisible ataque a la autonomía de todos los fiscales».

Fuentes del bloque conservador del Consejo, al que García Ortiz se refirió de forma nada casual como la «menguada mayoría» de un organismo «diezmado», ven detrás de los reproches del fiscal general un intento de «quitarnos legitimidad». Y califican de paradójico que se haga «precisamente el día que acordamos de forma unánime» rechazar la citación de jueces y magistrados para que declaren en las comisiones de investigación parlamentarias auspiciadas por las denuncias de «lawfare» (utilización espuria de la Justicia con fines políticos) del independentismo.

Especialmente grave consideran que se equipare al órgano de gobierno del Poder Judicial con un «tribunal de honor». «Un tribunal de honor actúa al margen del derecho, con criterios corporativos, y nosotros no lo hemos hecho. Nada más lejos de la realidad», insisten. «Hemos emitido un informe porque teníamos que emitirlo y está basado en hechos y en razones jurídicas». De ahí que dejen claro que a García Ortiz se le ha valorado «con criterios legales».

«Lo que pretenden es que se haga un acto de irracionalidad: que se apruebe ciegamente todo lo que provenga del Gobierno. Eso es lo que subyace en sus palabras. Que se acepten las propuestas del Gobierno sean las que sean», recalcan. «Pero cuando la ley pide que se haga informe, no se reclama una acto de adhesión ciega. Para eso no se hace un informe».

"No es invadir competencias"

Los calificativos sobre la intervención del fiscal en la Comisión de Justicia se suceden. «Es otra patada al aire». «Denota la falta de argumentos». «Fue la sinrazón pura». «Estuvo absolutamente fuera de lugar». Porque los vocales de la mayoría consultados por LA RAZÓN defienden que «carece de sentido» argumentar que el CGPJ solo se debe pronunciar «si se cumplen los requisitos objetivos» en el nombramiento. «Para eso no se reúne un Pleno del Consejo, sino porque hay que valorar su idoneidad para el puesto, y eso son valoraciones jurídicas», aseguran. Además, se preguntan, «si nosotros no podemos valorar su actuación, ¿por qué el valora las nuestras?».

«El objetivo de ese informe es precisamente acentuar la imparcialidad y la transparencia del Ministerio Fiscal», se reivindican los vocales que reprobaron a García Ortiz, quien se quejó de que cuestionar su instrucción a los fiscales para unificar criterio en la aplicación de la ley del «solo sí es sí» (tras la catarata de rebajas de condenas a agresores sexuales que provocó la normativa) supone extralimitarse en sus funciones, actuando como si el CGPJ fuese «un órgano jerárquicamente superior» e «invadir la autonomía» del Ministerio Público.

«No es una invasión de la autonomía del Ministerio Fiscal –se reafirman saliendo al paso de esos reproches– sino una valoración racional de su actuación». «Las instrucciones pueden ser objeto de una valoración racional desde un punto de vista jurídico», subrayan. Los tribunales, y sobremanera el Tribunal Supremo –hacen hincapié–, «no le dieron la razón y nosotros nos hemos hecho eco de esa valoración judicial. Eso no es invadir competencias».

"No tiene ningún propósito de autocrítica"

Otra de las fuentes consultadas señala que al referirse al CGPJ como «caducado» y tratándose de «un jurista que no puede ignorar que son términos jurídicamente incorrectos», García Ortiz «se ha metido en el fango político de cabeza y, además, quiere que se le note». «Sólo así se entienda que decida hacer pinza con el ministro Bolaños y que haga esas manifestaciones el mismo día» en que este, recuerdan, acusó en el Congreso a los vocales del Consejo de «extralimitarse» en sus funciones y «hacer oposición al Gobierno». «Es muy penoso, la verdad».

Pero, por encima de ese reproche, consideran que su intervención «revela que no tiene ningún propósito de autocrítica y enmienda». «Si metiéndose con el CGPJ cree que oculta la mayor bofetada que le ha dado nunca el Tribunal Supremo a un fiscal general, que no fue un tema menor en nuestro informe, es porque piensa insistir en su conducta».

Al mismo tiempo, mantienen que sus argumentos «son impropios de un jurista formado». «Nosotros no decidimos nada, que es lo que hubiera justificado su “audiencia”, sino que emitimos una opinión que, obviamente, es la nuestra, no la suya». Y se muestran sorprendidos porque no motejara de «tribunal de honor» al Consejo «antes de emitir nuestro informe», sino tan solo después de su reprobación. «Están desesperados por un CGPJ no acomodaticio ni dócil ni deferente; no se sienten nada cómodos con la discrepancia».

Las fuentes consultadas afean al fiscal general que «impidiese» al Consejo Fiscal pronunciarse sobre la amnistía tras haber «dado instrucciones» a los fiscales para que le remitan la relación de causas afectadas por la medida de gracia «solo con una proposición de ley que ni se había tomado en consideración». Algo que achacan a «su ansiedad por dar señales a Puigdemont de que cumpliría lo que le ordenase» el Gobierno. En esa misma línea, aventuran que si finalmente los acuerdos entre Sánchez y Feijóo no fructifican se producirá «un movimiento drástico» para impedir cualquier «voz disonante con la amnistía».