Pedro Sánchez trata de proyectar que la economía española va bien, pero basta con ampliar el «zoom» sobre los datos para ver que realmente sus afirmaciones están infladas y quedan desmentidas por la realidad: el PIB crece, pero sobre todo a costa del gasto público, igual que el empleo crece al calor de la contratación pública (desde 2018, se han creado casi los mismos puestos de trabajo que en el sector privado). Las cifras macroeconómicas «maquillan» la realidad de unos ciudadanos que no son, ni mucho menos, autocomplacientes como Sánchez: de hecho, son mucho más críticos.Incluso los votantes de partidos que han dado apoyo al Gobierno en momentos cruciales de la legislatura, como los de Junts: un 57,1% cree que la situación de la economía española es mala o muy mala. Además, un 50,4% de los votantes de Carles Puigdemont también hace una mala valoración sobre el momento que vive la economía catalana.

Así se desprende de los datos de la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat. Este balance crítico de los votantes de Junts se alinea mucho con la valoración que hacen los electores del PP catalán: un 53,9% cree que la economía autonómica vive un mal momento, mientras que un 58,7% opina lo mismo sobre la española.

No cabe olvidar que la aprobación de medidas económicas se ha convertido en el principal obstáculo de Sánchez para sobrevivir con unos aliados tan heterogéneos, como la derecha representada por Junts y la izquierda encarnada por Podemos. Ambas formaciones son ideológicamente incompatibles y están conduciendo al Gobierno a sonadas derrotadas parlamentarias, como el decreto que Moncloa va a llevar este mes de enero al Congreso para reponer el impuesto a las empresas energéticas, una medida que va a quedar tumbada porque Junts y PNV se oponen a apoyar. Es más, por si había alguna duda, ambas formaciones apoyaron una enmienda del PP para derogar ese tributo en diciembre. El decreto será debatido y votado en el Congreso por exigencia de Podemos, Esquerra y Bildu.

Los votantes de Junts no solo hacen una valoración crítica de la economía española y catalana, con gobiernos socialistas, sino que también advierten de que el funcionamiento de la economía es el cuarto problema más importante que hay ahora, tan solo por detrás del acceso a la vivienda (18,6%); la insatisfacción con la política (11,4%); y, las relaciones entre Cataluña y España (10,5%). La economía es el problema más importante para el 8,6% de Junts, muy cercano al 10,2% de los electores del PP de Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, el acceso a la vivienda también puede interpretarse como un problema económico y ahí tanto Junts como el Gobierno del PSOE y la Generalitat del PSC tienen recetas muy distintas que pueden chocar en este 2025. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Gobierno se va a ver acorralado por la izquierda para buscar soluciones al problema de la vivienda mientras que el Govern tiene intención de redoblar la presión sobre los precios de los alquileres con la imposición de sanciones a los propietarios que incumplan la Ley en Cataluña. En cambio, los posconvergentes se oponen a las medidas de la izquierda y hacen énfasis en crear vivienda, bajar impuestos en la compraventa y evitar los topes que han generado una crisis de oferta y de precios en el último año y medio en Cataluña y, sobre todo, en Barcelona.

Nada más empezar el año, está previsto que el PP registre su ley de vivienda en el Congreso y está por ver cuándo se debate y se vota en la Cámara Baja: ahí Junts tendrá la llave para decidir si sigue la tramitación parlamentaria. Algunas de las medidas del PP en materia habitacional coinciden con el ideario de Junts por lo que todo apunta a que los posconvergentes y los populares exhibirán una nueva imagen de coincidencia en el Congreso de los Diputados.