Puñetazos por 1.600 euros y escupitajos por 350: las sanciones a los agresores de guardias civiles

"Basta ya de agresiones". Bajo este lema, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante ha denunciado la situación que viven los agentes en las calles donde los delincuentes reincidentes no dudan a la hora de utilizar la violencia contra ellos. En los últimos meses han conseguido ganar sentencias que estiman una indemnización de más de 1.600 euros por recibir un puñetazo o 350 euros por ser escupidos e increpados.

Esta entidad tiene claro que el inicio del proceso para acabar con este problema debe ser la modificación del Código Penal que permita endurecer las penas por agredir a los agentes de la autoridad. De la misma forma, exigen a los responsables políticos que les concedan la distinción de profesión de riesgo para que termine la discriminación que sufren respecto a otros cuerpos policiales locales o autonómicos.

La cascada de sentencias condenatorias por agredir a guardias civiles no ha cesado en las últimas semanas a pesar de la etapa veraniega. Desde AUGC se ha sacado a la luz tres de ellas. Sin embargo, todas tienen un patrón en común: "Pone de manifiesto lo liviano de los castigos impuestos y que en nada ayudan a restablecer el principio de autoridad en las calles".

Manotazos tras ser expulsado de un local

El primero de los hechos se remonta a enero de 2024 cuando una patrulla de la Guardia Civil procedió a la identificación de un individuo con antecedentes penales que se encontraba en una vía pública de Torrevieja (Alicante), en un estado de gran alteración y agresividad con el personal de seguridad privada un establecimiento, al haber sido expulsado del mismo.

Este hombre lejos de cumplir con el requerimiento de los agentes, comenzó a encararse contra ellos, y menospreciando el principio de autoridad, finalizó dándoles manotazos arremetiendo contra ellos cayendo al suelo debiendo proceder a su reducción y detención. Como consecuencia de los hechos ambos agentes resultaron lesionados con diversas heridas.

Por éstos hechos la Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal número cuatro de Orihuela (Alicante) condenó al autor de los mismos por un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones a las penas de seis meses de prisión y un mes de multa con cuota diaria de seis euros, así como a indemnizar a los agentes con 80 y 100 euros en concepto de indemnización por las lesiones sufridas. El cumplimiento de la pena de prisión quedó en suspenso durante el tiempo de dos años, condicionando la suspensión a que el condenado no delinca nuevamente en el referido plazo y a que abone la responsabilidad civil impuesta.

Puñetazo a un guardia civil en los calabozos

El segundo de los hechos tuvo lugar el pasado día 31 de mayo de 2024 frente a un hotel también de la localidad de Torrevieja, cuando, siendo sobre las 02:20 horas un individuo, tras un incidente con un taxista, fue requerida la Guardia Civil. El agresivo sujeto propinó un puñetazo a uno de los guardias civiles.

Como consecuencia de lo anterior el acusado fue ingresado en los calabozos por los agentes, cuando nuevamente con menosprecio del principio de autoridad y ánimo de menoscabar la integridad física propinó un puñetazo en el ojo derecho al otro guardia civil. Como consecuencia de los hechos ambos agentes resultaron lesionados con diversas heridas de consideración así como tratamiento y perjuicio personal de varios días.

Por éstos hechos, el acusado ha sido condenado por la Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número Uno de Torrevieja (Alicante) a las penas de cuatro meses de prisión por un delito de atentado, a cuatro meses de multa con una cuota diaria de 4 euros por un delito de lesiones, y la pena de un mes de multa a 4 euros de cuota diaria por un delito leve de lesiones, así como a indemnizar a los agentes con cantidades de 730 y 1650 euros por las lesiones sufridas y al pago de las costas procesales.

Como en el caso anterior se le concedió al condenado el beneficio de quedar en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión, condicionando la suspensión a que el condenado no delinca nuevamente durante el tiempo de dos años, y a que abone la responsabilidad civil impuesta.

Drogas y reincidencia

Por último, hay que referirse a la reciente sentencia de la Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal número once de Alicante, en la que ha quedado probado que, siendo sobre las 20:30 horas del día 31 de diciembre de 2024, en una vía pública de la localidad de Villena, una mujer tras mantener una discusión con otra fue retenida por dos agentes de la Policía Local de dicha localidad.

Una vez personada una patrulla de la Guardia Civil, dicha persona mostró en todo momento una actitud agresiva hacia los agentes allí presentes, gritándoles y realizando gestos obscenos y despectivos hacia ellos, intentando calmarla pero en un momento dado, con ánimo de menoscabar su autoridad, lanzó su bolso que impactó en la cara de uno de los agentes. Aumentó la agresividad propinando golpes, patadas, puñetazos y escupiendo a los agentes, por lo que finalizó siendo reducida, detenida y trasladada a dependencias policiales. Una vez allí y cuando iba a ser ingresada en los calabozos, acometió contra otro agente propinándole patadas.

Como consecuencia de la actuación tres guardias civiles resultaron con lesiones de diversa consideración así como tratamiento y perjuicio personal básico de varios días. Por estos hechos la Magistrada Juez, ha impuesto a la acusada en esta ocasión, una condena con el agravante de reincidencia y atenuante de drogadicción de seis meses de prisión por un delito de atentado, y a una multa de un mes con la cuota de tres euros diarios por cada uno de los tres delitos de lesiones leves, así como al pago de las costas procesales y a indemnizar a cada uno de los agentes en la cantidad de 350 euros por las lesiones sufridas.

En todos estos procedimientos los guardias civiles lesionados afiliados a AUGC, fueron asistidos por los servicios jurídicos de esta Asociación, siendo representados por el letrado Alberto Manuel Mollá Díez para ejercer la acusación particular contra los acusados que, han sido ahora condenados además de las penas, a indemnizar a los agentes en las cantidades correspondientes por las lesiones sufridas.