¿Y si se adelantan las elecciones?

La falta de un candidato con respaldo suficiente habilitaría a Felipe VI para disolver las Cortes sin esperar al 2-M

Una vez que la aventura presidenciable de Pedro Sánchez parece condenada al fracaso, la única «X» que queda por despejar en esta ecuación de alianzas postelectorales es el desenlace de la consulta de Podemos a sus bases, cuyo resultado se dará a conocer el próximo día 18. Pero, ¿y después? Si finalmente el electorado de Pablo Iglesias cierra la puerta a que la formación morada facilite un Gobierno presidido por Sánchez y avalado por Ciudadanos, ¿es necesario dejar pasar las hojas del calendario hasta el próximo 2 de mayo? Ese día se cumplen dos meses desde la fallida primera votación de investidura del líder socialista, el plazo máximo que marca la Constitución para que el candidato a presidente del Gobierno consiga los respaldos necesarios.

El artículo 99.5 de la Carta Magna es muy claro al respecto: «Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso». Nada apunta, por tanto, respecto a la posibiliadad de acortar esos plazos ante la evidencia de que ningún candidato sea capaz de garantizarse los apoyos necesarios en la sesión de investidura.

Sin embargo, hay quien, como el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, considera que esos plazos sí podrían acortarse. Como exponía en LA RAZÓN el pasado 31 de enero, «la ausencia de candidato constatada por el Rey y aceptada por las fuerzas políticas con posibilidad de presentar candidato sería una situación que, comunicada al presidente de la Cámara, habilitaría al Rey, con el refrendo de aquél, a proceder a la disolución de las Cortes, y ello sin esperar al transcurso del plazo de los dos meses», que se cumple el próximo 2 de mayo.

Esa posibilidad permitiría arañar dos semanas al calendario y no abocar las nuevas elecciones al 26 de junio, permitiendo adelantarlas al 12 de ese mes, reduciendo el periodo, ya de por sí suficientemente prolongado, del Gobierno en funciones.

Pero esa decisión del Rey debería contar, además de con el visto bueno del presidente del Congreso, con el necesario acuerdo de las fuerzas políticas. Ante la falta de una norma expresa que marque el camino, el ex magistrado del Tribunal Constitucional cree que la solución podría ser esa disolución de las cámaras, «pero la misma requiere consenso político, pues esta propuesta del Rey debe ser aceptada y no cuestionada por los líderes de las fuerzas con mayor representatividad». ¿Serán capaces los dirigentes de las principales fuerzas políticas de ponerse de acuerdo para, una vez constatado el fracaso de Pedro Sánchez, dar carpetazo a la XI Legislatura e impulsar unas nuevas elecciones?

De no hacerlo así, el anuncio de los resultados de la consulta de Podemos abrirá una semana, la última, de negociaciones que, en caso de fructificar, conllevaría una nueva ronda de consultas, los próximos días 26 y 27, por parte de Felipe VI. En ese caso, veinticuatro horas después, el presidente del Congreso, Patxi López, convocaría el Pleno para celebrar, el día 30, la primera sesión de investidura, en la que la necesidad de conseguir mayoría absoluta echaría por tierra cualquier aspiración de ser elegido presidente. La segunda votación se produciría 48 horas después, el mismo día 2, y ante un nuevo fiasco se convocarían elecciones.

Evitar, tras el 18 de abril, esas dos semanas estériles en busca de un consenso imposible depende, por tanto, de los líderes políticos. Como recordaba Enrique López, «estamos ante un problema político que no puede ser solventado mediante el planteamiento de un conflicto jurídico».

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