Regular a los agentes infiltrados y los confidentes, grandes objetivos del nuevo Plan Antiterrorista

La nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo publicada este martes en el BOE incorpora un plan de acción para prevenir el riesgo que supone el retorno de los yihadistas desde zonas de conflicto y aboga por regular figuras como la del agente encubierto y el testigo protegido.

Uno de los grandes objetivos de los que han elaborado la nueva “Estrategia Nacional contra el Terrorismo” es regular la figura de los agentes encubiertos, que se infiltran en las bandas criminales y, con especial dificultad, en las yihadistas. La experiencia demuestra, según expertos consultados por LA RAZÓN, que han colaborado en la elaboración de dicha Estrategia, que la actuación de esos agentes, si no está bien definida desde el aspecto legal y con conocimiento de los jueces, puede convertir al servidos de la Ley en una especie de inductor al delito.

En el caso de las bandas yihadistas, dadas las dificultades de infiltración por los problemas de conocimiento del idioma, la religión y las costumbres (cualquier fallo puede poner al agente al descubierto y ser asesinado en cuestión de segundos) su trabajo requiere, para obtener la información precisa que evite atentados, que “participe” de alguna manera en la adquisición de armas y explosivos; configuración de los planes y fijación de los objetivos...Hasta que, llegado el momento, y al obtener la confirmación de que existe un peligro real, comunique los datos a sus superiores.

Si el trabajo policial se realiza bien, los delincuentes nunca sabrán de dónde les ha llegado el “golpe”, pero puede ocurrir que sospechen del agente, al que, a partir de ese momento, se le deberá dar la cobertura necesaria para garantiza su seguridad.

Otro de los asuntos fundamentales es la regulación de todo lo concerniente al “colaborador habitual”, el llamado “confidente”. La experiencia de la investigación de las masacres cometidas en Madrid por Al Qaeda el 11 de marzo de 2004 demostró que algunos de dichos “confidentes” poco menos que acusaban a los agentes que los controlaban de haber sido negligentes hasta llevar a la sospecha de que o no se creían que iba a haber unos atentados o (el mundo al revés) no querían evitarlos. Trabajar con este tipo de sujetos, delincuentes en definitiva, resulta muy complicado y también en este caso el agente debe estar protegido y las relaciones entre uno y otro, sometidas a lo que pueda surgir en cada momento, contar con un paraguas legal y judicial.

El asunto de los testigos protegidos requiere, según las citadas fuentes, una urgente regulación, como existe en otros países (Estados Unidos, por ejemplo). La persona que se presta a colaborar con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia no puede encontrarse, como muchas veces ocurre, a la identificación visual durante el acto del juicio y declarar a la vista de los abogados y otras personas próximas a la persona que figura como imputada. Si la declaración de un ciudadano permite esclarecer un crimen y que el culpable sea condenado a la pena correspondiente, no puede vivir el resto de su vida pendiente de que en cualquier momento alguien se presente para “ajustarle las cuentas”

Son tres aspectos fundamentales que aborda la nueva Estrategia y que, en el plazo más breve posible, deberían ser resueltos mediante la articulación de la legislación correspondiente, siempre con el concurso de jueces y fiscales.

A este respecto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió el lunes con los integrantes del Pacto Antiterrorista a los que expuso las líneas generales de la nueva Estrategia Nacional, con la que, según las citadas fuentes, se mostraron de acuerdo al considerar que se trata de una “cuestión de Estado”.

Vencido, en lo que a guerra “convencional” se refiere el Estado Islámico y con una Al Qaeda que, tras el “parón” sufrido a raíz de la aparición de la otra banda yihadista, ha resurgido de “sus cenizas”, el peligro para España proviene de la actuación de células de uno de los dos grupos para cometer atentados de envergadura.

En el informe se recuerda que “por primera vez desde los atentados de 2004, España se vio afectada en agosto de 2017 por un ataque terrorista de carácter yihadista, que fue reivindicado por Daesh. Los atentados de Barcelona y Cambrils situaron a España en el punto de mira del azote terrorista y revelaron la gravedad de la amenaza para el conjunto de nuestro país. Como antes en otras ciudades europeas, los ataques terroristas tuvieron lugar en zonas turísticas y de gran concentración de personas y su carácter indiscriminado afectó a personas de diferentes nacionalidades: entre los asesinados, heridos y afectados de diversa consideración, se encuentran personas de más de treinta nacionalidades”.

Es decir, la amenaza está perfectamente definida y lo que hay que tratar es de evitarla para lo que es necesario contar con información previa. En el cado de los “actores (“lobos”) solitarios. cuya actuación es imprevisible, España ha demostrado que cuenta con un sistema de detección de individuos potencialmente peligrosos que funciona adecuadamente (nada es perfecto) y que ya ha evitado algunos atentados.

Sin embargo, las células son más difícilmente detectables, ya que han adoptado unos patrones de actuación, en el que minimizan los contactos y con unos niveles de seguridad muy altos. El jefe del grupo y, como mucho sus lugartenientes, son los únicos que conocen los objetivos y los nombres de todos los integrantes de la célula. Llegado el momento, cuando se cuenta con el material y los planes definidos, es cuando todos los miembros que van a participar en el ataque se enteran de los detalles. La figura del agente infiltrado resulta fundamental para evitar este tipo de acciones criminales.

Cómo se forman las células es un enigma, pero los investigadores cuentan ahora con un elemento a seguir que es el de los FTF (Foreing Terrorist Fighters) que retornan a sus paises de origen. El Daesh lleva desde 2016 comunicando a quienes querían incorporarse a sus filas en Irak y Siria, que era mejor que se quedaran en sus puntos de origen y cometieran atentados, a ser posible en el seno de células.

En el caso de España, hay 132 individuos de los que marcharon a los citados países que se encuentran en ignorado paradero. “Los retornados constituyen uno de los perfiles de mayor riesgo, compartido por toda la Unión Europea y que deriva del entrenamiento y adoctrinamiento que habrían recibido, la posibilidad de que lleven a cabo ataques en nuestro país y su potencial como captadores de nuevos terroristas. En este sentido, uno de los retos importantes es evitar se conviertan en figura de referencia para los jóvenes, mermando así su capacidad de atracción y su poder reclutador”, agregan.

Otro de los factores de riesgo deriva del adoctrinamiento en los centros penitenciarios, que “constituyen ámbitos de atención y seguimiento prioritario, tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Y ello porque el medio penitenciario es un ambiente propicio para la captación de personas vulnerables a los extremismos violentos y a la radicalización que conduce al terrorismo”.

“En España, en los últimos años, la población reclusa vinculada al terrorismo yihadista ha experimentado un crecimiento exponencial, como consecuencia de la actividad contraterrorista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las personas condenadas o en prisión preventiva por delitos relacionados con el terrorismo yihadista superan las 130 y se hallan distribuidos en unos 30 centros penitenciarios”, subrayan.

Otra de las líneas de actuación está encaminada a cortar las vías de financiación del terrorismo y del extremismo violento, por lo que se potenciarán las unidades de investigación financiera de los organismos de seguridad e inteligencia y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Y en el centro de todo ello, las víctimas. "La consideración, respeto y protección integral de las víctimas debe mantenerse como un eje prioritario y referencia de la acción del Estado contra el terrorismo y el extremismo violento".

La colaboración ciudadana seguirá siendo esencial. No es vano, gracias al programa Stop Radicalismos se han recibido casi 7.000 comunicaciones ciudadanas, de las que un 34 % tenían interés policial, hasta el punto de que se han abierto más de 150 investigaciones.