Sofía Maraña: "Las madres detenidas de Infancia Libre flaco favor han hecho a las víctimas de abusos"

La experta abogada en derecho de familia, Sofía Maraña, aporta las claves de este terrible suceso

La Asociación “Infancia Libre” es una asociación sin ánimo de lucro que lucha, supuestamente, a favor de la protección integral de los derechos de los menores víctimas de delitos de abuso sexual o maltrato infantil intrafamiliar. “Infancia Libre” saltó a los medios de comunicación cuando su presidenta, María Sevilla, fue detenida el 1 de abril de 2019 por mantener secuestrado a su hijo (de 11 años) durante dos años (desde marzo de 2017), para evitar que tuviera contacto con su padre, del que estaba separada y al que acusó previamente de abusar sexualmente de su hijo en dos ocasiones, denuncias que fueron sobreseídas.

En diciembre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valdemoro (Madrid) no la creyó y le dio la custodia al padre, con un régimen de visitas en un Punto de Encuentro para la madre, al entender que la mujer había obstaculizado de manera grave la relación del menor con su progenitor. Sin embargo, parece que Podemos sí que la creyó e incluso la llevó en el 2017 a comparecer ante la comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso, a la Asamblea de Madrid y al Senado como invitada. Así mismo, había firmado también un convenio de colaboración con dicho partido para realizar un estudio sobre los abusos sexuales intrafamiliares en la población infantil andaluza. Sevilla dijo en sus ponencias que los equipos psicológicos de los Juzgados han de ser erradicados porque no creen a las mujeres. También manifestó, que mientras nuestros políticos asentían, que en su asociación tenían a los niños drogados con antidepresivos que les habían proporcionado “psicólogos independientes”, así como, que los Juzgados de Violencia de Género son instituciones negligentes.

Sobre esta mujer, de 36 años, pesaba una orden de detención desde el pasado septiembre de 2018 por no haber entregado a su hijo, tras la Sentencia que otorgaba la custodia al padre. Sevilla se ocultaba junto al niño, su actual pareja y una hija que tenía con él en una finca de 6.000 metros cuadrados en el municipio conquense de Villar de Cañas (Cuenca). El niño estaba sin escolarizar y no había sido atendido en ningún centro sanitario tampoco. El menor y su hermana se encontraban en condiciones “lamentables”, han informado fuentes policiales. "Mi papá es el diablo", les dijo a los agentes que encontraron al menor, que sólo podía salir de la casa por espacio de 20 minutos al día, para tratar de dificultar a la Policía localizar al grupo. El menor fue entregado a su padre, quien tiene su guarda y custodia en la actualidad.

A los investigadores les llamó la atención el comportamiento de la hija, de seis años, de María Sevilla y su actual pareja. La pequeña emitía sonidos de animales y olfateaba a las personas como si fuera un perro. En conversaciones con el menor, éste afirmaba que su verdadero padre, Rafael Marcos, no le quería, y que Dios se lo ha había revelado. También relató a los agentes que quería ser jefe de los pastores evangelistas cuando fuera mayor.

Sevilla, investigada por sustraer a su hijo, de quien actualmente tiene una orden de alejamiento, tras desescolarizarlo durante años -el niño cursa ahora Segundo de Primaria cuando debería estar en Sexto-, constituyó la asociación tras acusar presuntamente de manera falsa a su ex marido de abusar sexualmente del hijo de ambos con la intención de que influyera en su contencioso de familia, y después firmó un acuerdo de colaboración con el Secretario General de Podemos. Que sepamos, no figura aún en calidad de investigada por un delito de denuncia falsa toda vez que Fiscalía no persigue de oficio estos delitos.

Posteriormente se han conocido, tras nuevas detenciones, tres casos más en la asociación perpetrados bajo el mismo “modus operandi”:

Patricia González, de 44 años, que fue detenida el pasado 11 de mayo del año en curso. El padre llevaba dos años sin ver a su hija. La madre era parte de Infancia Libre y había denunciado a su ex marido por abusos sexuales. La justicia consideró que no existieron tales abusos. También la madre secuestró a la menor. Fue arrestada en una casa de La Cabrera, en la sierra norte de Madrid. La niña está ahora mismo con su padre.

La tercera detenida, el pasado 21 de mayo de 2019, es Ana María Bayo. La mujer, de 39 años, está acusada de haber impedido que su ex pareja viera a su hija durante los dos últimos años también. La policía la localizó en las inmediaciones del hospital de La Paz, en Madrid, donde trabaja como enfermera. Fuentes policiales confirmaron entonces que la detención se produjo a raíz de una orden de búsqueda por un presunto delito de desobediencia. Ana María Bayo también había denunciado a su ex pareja por un delito de abusos sexuales que fue sobreseído.

Y la cuarta y última detenida, Rocío de la Osa, vinculada a la asociación Infancia Libre, investigada por presuntos delitos de sustracción de menores y amenazas, llevaba cinco años sin dejar al padre que pudiera ver a su hija. También el padre había sido denunciado por abusos sexuales y maltrato, casos que fueron archivados. El juez acordó, como medida cautelar, que la guarda y custodia de la menor quedara provisionalmente a cargo de una tía paterna.

Parece que las cuatro madres de la asociación, asesoradas por la misma abogada, y con informe médicos favorables elaborados por el mismo facultativo, procedieron a denunciar falsamente a sus ex esposos y parejas por abusos sexuales a los hijos comunes. Y las cuatro, después de los archivos de las respectivas actuaciones, impidieron el contacto de los padres con sus hijos.

La Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla, que centraliza la causa, tiene abierta una investigación por si pudiera tratarse de una organización criminal. Fuentes policiales apuntan que De la Osa "es la conexión de Infancia Libre en Granada".

Conclusiones

De los hechos expuestos, por mi experiencia profesional en distintos procesos penales y de familia contenciosos, como defensa tanto de padres como de madres, donde se han denunciado delitos como el abuso sexual y el maltrato infantil intrafamiliar, y sin perder de vista el supremo interés de los menores por encima de cualquier otro derecho, me permito hacer las siguientes reflexiones:

- En relación al maltrato familiar, para acudir a los datos estadísticos, entre el 2010-2012 las mujeres mataron con mayor frecuencia que el hombre a recién nacidos (18,3% frente a 1,3%) y a menores de edad (12,9% frente al 3,5%).

- En cuanto a los abusos sexuales intrafamiliares existe tan grave delito desde tiempos inmemorables pero es un tema tabú. Se trata, además, de preservar la familia por encima de todo. El 71,15 % de los agresores son los padres varones (Noguerol y Sanz, 2002), así como, el abuso sexual afecta a un 23% de las niñas y a un 15% de los niños (López, 1994). No obstante, no existen en España Juzgados especializados en menores víctimas de delitos ni se activa el mismo protocolo utilizado a favor de la mujer.

- El silencio de las familias, en especial de la esposa-madre, por miedo, dependencia, complicidad social y ausencia de apoyos institucionales, permite que se repitan tan graves delitos sexuales de generación en generación. En igual sentido ocurre con el maltrato de las madres hacia sus hijos, el silencio de un padre sometido y dependiente de la esposa permite que las madres, con total impunidad, maltraten a sus hijos.

Con esto vengo a indicar que es un rasgo muy significativo, según numerosos estudios psicológicos, de la existencia de un delito de abuso sexual continuado por parte de un padre, la connivencia, la ceguera y la falta de protección de la madre hacia sus hijos. Sin embargo, aquellas madres que a la primera de cambio, por un simple comentario sexual puntual de un hijo (sin ningún tipo de detalle en la relación de hechos por parte del menor), fuera de contexto, o tras una mínima lesión, corren al Juzgado a denunciar como si les fuera la vida, no me parece que estén buscando el mejor interés de los hijos sino la ruptura inmediata de la relación paternofilial, como parece que han hecho las cuatro madres de la asociación, que después procedieron a secuestrar a sus hijos.

- Sin perjuicio también de la falta de formación de muchos de los operadores jurídicos en materia de menores, es interesante distinguir el momento procesal en que se interpone una denuncia de estas características. Los jueces suelen diferenciar aquellas denuncias por abusos sexuales que se interponen después de una demanda de divorcio o de medidas paternofiliales de aquella que se interponen con anterioridad.

- Las denuncias de abusos sexuales de las madres hacia los padres, tras un proceso de separación donde se juegan la custodia y la pensión de alimentos de sus hijos, tal y como ha ocurrido con las miembros de la asociación Manos Libres, nos obligan a mirar con lupa y a dudar sobremanera de la veracidad de las mismas.

- También es importante aclarar que no todas las denuncias que se archivan son falsas. La gran mayoría de las denuncias se archivan por falta de pruebas, más en este tipo de delitos donde a los menores, que quieren a sus padres a pesar de la gravedad de los hechos y que olvidan para tapar el trauma, no se les suele creer. Existe una presunción en contra de la veracidad del testimonio de los hijos. La llamada prueba psicológica de “credibilidad del testimonio” sólo se le aplica a los menores.

Si bien hay madres que llegar a creer de verdad que sus hijos, ante las manifestaciones que hacen del orden sexual, han sido objeto de abusos sexuales y resulta que luego no es cierto, otras utilizan su condición de mujer para denunciar falsamente, como parece que ha ocurrido en el presente caso.

Las denuncias falsas en los Juzgados existen sobre cualquier delito. No podemos tener miedo a decirlo abiertamente, más cuando existen motivos espurios para denunciar en falso: como actuar con odio hacia la ex pareja o bien con fines económicos.

- En el presente caso, flaco favor le han hecho estas cuatro madres a aquellos niños que sí han sufrido abusos sexuales o maltrato. Sevilla y el resto se han aprovechado, para hacer daño a sus ex maridos, de una corriente de opinión favorable hacia las mujeres y que no puede cuestionarse.

- La gravedad de lo que han hecho estas cuatro mujeres nos permite cuestionar la “ley de violencia de género” aplicable en España, a pesar de ser políticamente incorrecto. Doy fe que en los Juzgados se sigue protegiendo más a las madres adultas que a los hijos e hijas, mujeres también, menores de edad. Abogo por una “ley de violencia intrafamiliar”.

- Desconozco de quién han recibido asesoramiento concreto para incumplir las Sentencias que les obligaba a entregar los menores al padre. Que varias madres hayan denunciado, tras un proceso de separación, y que hayan secuestrado a sus hijos durante años, incumpliendo varias resoluciones judiciales es un claro sinónimo de su deseo de interrumpir la relación paternofilial, aprovechándose del sistema y de su condición de mujer. Por mucho menos, a Juana Rivas le han condenado a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores.

En cuanto al hecho de no escolarizar a los menores durante varios años, permaneciendo los niños aislados, colocando a la figura paterna en calidad de “demonio”, me parece, sin duda, un claro indicador de crueldad y de ausencia de amor de estas madres hacia sus hijos.

Sofía Maraña es abogada experta en derecho penal y derecho de familia en Maraña Asociados