La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo), conocida esta mañana, ha generado el previsible reguero de valoraciones políticas marcadas, como siempre, desde las últimas autonómicas, por el enfrentamiento entre el Gobierno autonómico y la oposición.

Antes, en un tiempo que ahora parece muy lejano, las tres principales fuerzas políticas gallegas (PP, BNG y PSOE) se habían puesto de acuerdo sobre este proyecto, votando a favor, por unanimidad, de la instalación la panta de fibras textiles. Aquello era febrero de 2022, un tiempo que parece muy lejano. Tanto como el tiempo en que la izquierda política gallega tardó en comprobar, después del triunfo autonómico de Rueda, que aquí, en esta iniciativa, había una posibilidad política de movilizarse y movilizar.

En este marco y en esa batalla, las reacciones de hoy de los líderes políticos no han seguido más que la senda de lo lógico y esperado. Mientras la Xunta, con Alfonso Rueda al frente, defiende la rigurosidad del proceso y señala que ahora es el turno del Gobierno central -que deberá validar financiación y conexión eléctrica de la fábrica-, Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) han cargado con dureza contra el proyecto.

Un envite que ha resultado tan esperado como desproporcionado: los nacionalistas, aún con la iniciativa en el aire y con demasiados flecos legales y políticos por superar, han comparado Altri con el desastre del Prestige y han anunciado una lucha “política, social y legal” para frenar su avance. Los socialistas, más comedidos, han denunciado “falta de transparencia” y cuestionan la viabilidad económica de la iniciativa.

Rueda: “Le toca al Gobierno central mover ficha”

Con las cartas ya marcadas, Rueda ha insistido en la defensa de la aprobación ambiental otorgada al proyecto, subrayando que fue una decisión basada en informes técnicos y no políticos. “Dijimos que serían los técnicos los que emitirían los informes correspondientes después de examinar toda la documentación y, si entendían que era favorable, la DIA sería favorable. Y así ha sido”, ha subrayado el presidente gallego.

En este contexto, Rueda ha pedido “respeto” para los 34 técnicos que elaboraron los más de 40 informes que respaldaron la viabilidad ambiental del proyecto y ha advertido que la autorización no supone “una carta en blanco” para Altri, sino que está sujeta a condiciones que la Xunta vigilará de cerca.

Sobre esta base, el presidente autonómico ha trasladado la responsabilidad al Ejecutivo estatal, recordando que ahora es el momento de que Moncloa tome decisiones sobre la financiación del proyecto y la conexión eléctrica necesaria para su puesta en marcha. “Decían que en función de si los informes eran favorables o no actuarían en consecuencia con respecto a la financiación y a la conexión eléctrica necesaria”, ha señalado.

Pontón: “Una bomba ambiental como el Prestige”

En el lado opuesto, la líder del BNG, Ana Pontón, ha calificado la autorización del proyecto como "una traición a Galicia" y ha advertido que su partido librará una batalla política, social y legal para impedir la construcción de la planta de celulosa. Pontón no ha escatimado en dureza y ha llegado a comparar el impacto ambiental del proyecto con el del hundimiento del Prestige.

Para la nacionalista, la Xunta “ha puesto por delante los intereses de una multinacional” y ha ignorado los riesgos que supone para el empleo en la comarca de A Ulloa y en la Ría de Arousa, cifrando en 8.000 los puestos de trabajo en peligro. “No se puede avalar la imposición de una macrocelulosa contaminante que hipoteca nuestro futuro”, ha sentenciado.

Pontón también ha exigido una postura clara del Gobierno central, que debe decidir sobre la subvención de 250 millones de euros de fondos europeos solicitada por los promotores del proyecto. “Queda mucho por hacer y el BNG no se va a quedar de brazos cruzados”, ha advertido, instando a la ciudadanía a movilizarse para frenar la implantación de Altri en Galicia.

Besteiro: “Una irresponsabilidad absoluta”

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha puesto el foco en la falta de garantías económicas del proyecto y ha denunciado opacidad y prisas por parte de la Xunta en la tramitación de la DIA. Según el líder socialista, la resolución del Gobierno autonómico "no despeja" las dudas sobre la sostenibilidad del proyecto, no solo en el ámbito ambiental, sino también en el social y económico.

Besteiro ha señalado que las previsiones de creación de empleo de Altri se han ido reduciendo progresivamente, lo que a su juicio demuestra “la falta de seriedad del proyecto”. Además, ha alertado del riesgo de destinar 250 millones de euros de fondos públicos a una iniciativa que considera una “apuesta arriesgada” y que podría “hipotecar recursos fundamentales para Galicia”.

“El Gobierno de Rueda ha tramitado este proyecto con una rapidez inusual, mientras otros que realmente benefician a la ciudadanía son ralentizados”, criticó. Besteiro exigió al presidente gallego que aclare el compromiso de la Xunta con la financiación pública de Altri y que garantice transparencia en el proceso.