Infraestructuras
Bruselas da un ultimátum a España por la AP-9 y abre la puerta a denunciar al Estado ante la UE
La Comisión Europea considera ilegal la prórroga de la concesión hasta 2048 y da dos meses al Gobierno para corregir las irregularidades
La Comisión Europea ha lanzado un serio aviso al Gobierno español por la prórroga de la concesión de la autopista AP-9, que considera contraria a las normas europeas de contratación pública. En un dictamen motivado remitido esta semana, Bruselas advierte de que, si en el plazo de dos meses no se toman medidas para corregir las irregularidades detectadas, llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría derivar en una condena al Estado.
La polémica gira en torno a la decisión adoptada por el Gobierno de José María Aznar en el año 2000, que amplió la concesión de la AP-9 hasta 2048 sin convocar un procedimiento de licitación pública ni publicar el cambio en el Diario Oficial de la UE.
A ojos de Bruselas, esta actuación constituye una "modificación sustancial" del contrato original, equivalente a una nueva adjudicación, que debería haber seguido un proceso competitivo con arreglo a los principios de transparencia e igualdad de trato exigidos por la legislación comunitaria.
"La Comisión insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas", ha indicado el Ejecutivo europeo en su comunicación oficial, en la que señala que la ampliación de la concesión sin licitación previa vulnera directamente la directiva europea sobre contratos públicos.
Reacciones
La decisión de Bruselas ha generado reacciones políticas inmediatas en Galicia. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado el posicionamiento de la Comisión y ha pedido al Gobierno central que "liberalice de una vez por todas" esta infraestructura clave para la movilidad gallega. “Es urgente que se haga justicia con Galicia. La decisión de Aznar no solo fue injusta, fue también ilegal”, denuncia Pontón
Desde el Ministerio de Transportes, sin embargo, se ha insistido en que este dictamen "no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas", y ha asegurado que el Gobierno analizará a fondo la resolución de Bruselas y agotará “todas las opciones de respuesta, incluida la posibilidad de presentar recursos”.
El Ejecutivo de Sánchez recuerda también que ha apostado por bonificar los peajes de la AP-9 desde 2018, y que actualmente existe un descuento del 100% en los trayectos de ida y vuelta realizados en el mismo día, medida que, según sus datos, ha permitido ahorrar a los usuarios más de 375 millones de euros hasta junio de 2025.