Dos años y medio de cárcel para una familia de Noia (A Coruña) por tráfico de estupefacientes

En los bajos de una casa cualquiera de Noia (A Coruña), entre muebles y un galpón que hacía, las veces, de improvisado almacén, se urdía uno de esos negocios lucrativos y, en ocasiones, incluso familiares. Hasta ahí conducía la pista que la Guardia Civil había seguido de un grupo familiar dedicado a la venta de drogas. Una historia que ha llegado a su punto final con la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, que condena a cuatro miembros de la familia, culpables de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, a dos años y medio de prisión para cada uno.

El tribunal considera probado que, al menos desde 2019, los acusados, integrantes del mismo núcleo familiar, operaban de forma concertada para suministrar sustancias estupefacientes a terceros a cambio de un beneficio económico. Su actividad ponía en riesgo la salud pública y fue detectada gracias a investigaciones policiales que incluyeron vigilancias, escuchas telefónicas y seguimientos con dispositivos de geolocalización.

Las primeras sospechas surgieron en 2017, cuando informaciones vecinales y denuncias anónimas señalaron que en las inmediaciones de un instituto se estaban realizando ventas de drogas. La Policía Judicial de Noia inició entonces una vigilancia discreta, observando el ir y venir de clientes a la vivienda familiar a cualquier hora del día.

El caso se intensificó en enero de 2019, cuando uno de los miembros fue interceptado en un control de tráfico portando hachís. Un mes después, otro registro reveló que transportaba resina de cannabis en su vehículo. La situación se repitió en junio, cuando su hermano fue sorprendido con varias dosis de cocaína y MDMA en un coche junto a otro individuo.

Las evidencias acumuladas llevaron a los investigadores a solicitar intervención telefónica sobre los dispositivos de los sospechosos. Las grabaciones revelaron un lenguaje en clave donde se hablaba de "tomar café" o "bajar cazadoras", términos que las fuerzas de seguridad interpretaron como referencias a la venta de droga.

Registros y hallazgos clave

El 4 de octubre de 2019, la operación policial se concretó con una serie de registros en varios inmuebles vinculados a la familia. Los agentes encontraron en ellos más de siete kilogramos de cannabis en diferentes formatos, almacenados en tarros de cristal y bolsas plásticas; casi 100 gramos de hachís y 14 gramos de cocaína, además de pequeñas cantidades de MDMA y ketamina; una plantación de marihuana en una zona boscosa, con sistemas de riego y camuflaje para evitar ser detectada; y básculas de precisión, munición de calibre 22 y anotaciones manuscritas que detallaban transacciones y contactos.

Las pruebas recogidas reforzaron la acusación y demostraron que la familia operaba como un grupo criminal estructurado. Las sustancias incautadas tenían un valor estimado de 43.000 euros en el mercado ilícito.

Durante el juicio, las defensas de los acusados argumentaron que las drogas incautadas eran para consumo personal y negaron que existiera una red de distribución. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas eran concluyentes y que los acusados realizaban ventas de manera continuada.

A pesar de la contundencia del fallo, la Audiencia tuvo en cuenta dos atenuantes a la hora de dictar sentencia: la adicción a las drogas de los acusados y las dilaciones indebidas en el proceso judicial. Esto permitió reducir la pena a dos años y medio de prisión para cada uno, en lugar de los seis años que solicitaba el Ministerio Fiscal.

La sentencia no es firme y los condenados tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.