Galicia planta cara al Gobierno por el reparto de menores migrantes

El Gobierno gallego ha dado un nuevo paso en la defensa de sus competencias autonómicas. En este sentido, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba este lunes que el Consello da Xunta ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece un nuevo sistema de reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

La decisión se adopta tras recibir el respaldo del Consello Consultivo de Galicia, que considera que la norma vulnera de forma clara las competencias autonómicas en materia de asistencia social y protección de menores.

“El dictamen de este órgano consultivo da varias razones y argumentos jurídicos. El principal es que hay una invasión clara de las competencias autonómicas”, ha señalado Rueda durante su comparecencia. El documento emitido por el Consello Consultivo concluye que el Real decreto ley podría ser inconstitucional, al menos, en seis de sus artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales, por interferir de forma directa en competencias exclusivas de las comunidades.

Un conflicto de competencias

El fondo del desacuerdo radica en la interpretación del ámbito competencial. Mientras que el Gobierno central justifica el decreto con base en sus competencias en materia de inmigración y extranjería, el dictamen del Consello Consultivo subraya que la norma incide realmente en la asistencia social y la protección de la infancia, áreas que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas.

Además, el informe cuestiona con contundencia el mecanismo previsto en la norma, que pivota sobre un sistema de decisión que requiere unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Basta con el voto en contra del representante del Estado para activar automáticamente la imposición de medidas desde el Gobierno central.

“Se impide así la participación de las comunidades en un proceso que debería ser necesariamente colaborativo”, ha criticado Rueda, lamentando que se trata de un decreto “sin objetivar” y sin tener en cuenta a quienes prestan los servicios: las propias autonomías.

Un uso inadecuado del decreto ley

Otro de los puntos clave que denuncia el Consello Consultivo es el uso impropio del Real decreto ley como instrumento legislativo. El artículo 86 de la Constitución reserva esta figura para situaciones de urgente y extraordinaria necesidad, algo que, a juicio del órgano gallego, no se da en este caso.

La llegada de menores migrantes no acompañados es una realidad estructural, presente desde hace más de ocho años, y sobre la que ya se venían adoptando acuerdos en el seno de la Conferencia Sectorial desde al menos 2022.

De ahí que se cuestione la urgencia alegada por el Ejecutivo central y se defienda que una reforma de este calado debería haberse abordado a través de una ley ordinaria debatida en el Parlamento, con participación efectiva de las comunidades.

Galicia, solidaria pero con condiciones

Rueda ha aprovechado para recordar que Galicia nunca se ha opuesto al reparto de menores migrantes. “La Xunta de Galicia siempre votó a favor de los distintos repartos en la Conferencia Sectorial”, ha indicado.

Sin embargo, ha puntualizado que todos esos acuerdos se alcanzaron mediante el diálogo, con planificación y, sobre todo, con financiación estatal. “Galicia no se va a negar nunca a ser solidaria, pero demandamos que las cosas se hagan bien, con planificación y financiación”, ha insistido.

El problema, ha explicado, es que el nuevo Real decreto ley rompe con ese modelo de consenso y participación. Impone decisiones desde el Gobierno central y, además, lo hace sin comprometer fondos adicionales para las comunidades autónomas. “Nos obligan a prestar un servicio con nuestros propios recursos, cuando es una responsabilidad impuesta desde el Estado”, ha denunciado el presidente gallego.

El recurso de inconstitucionalidad será presentado en los próximos días, según ha confirmado Rueda, y buscará paralizar una norma que, según sus palabras, “perjudica claramente el sistema de protección de la infancia y vulnera el derecho de Galicia a decidir sobre sus propios recursos y competencias”.