Galicia trabaja en una nueva ley para simplificar las tramitaciones ambientales

El Gobierno gallego ha acordado, en su reunión semanal, empezar a articular una nueva ley de tramitación ambiental simplificada que está llamada a unificar la normativa autonómica, al tiempo que se clarifican los pasos a dar a los promotores de proyectos en Galicia, lo que proporcionará "mayor seguridad jurídica" y agilizará los plazos.

Así lo han avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en una comparecencia conjunta ante los medios posterior al Consello de la Xunta.

La decisión, ha explicado la responsable autonómica, responde tanto a la complejidad y dispersión de las normas sobre evaluación e intervención ambiental que caracterizan este momento como a la propia experiencia adquirida desde la aprobación en el año 1995 de la Ley de protección ambiental de Galicia. “La convivencia de diferentes normativas genera incertidumbres e incluso puede poner en peligro proyectos que ya contaban con autorización”, ha asegurado.

Todo esto hace recomendable revisar el marco normativo de la protección ambiental a nivel autonómico y sustituirlo por una nueva ley que sistematice, actualice e integre los distintos instrumentos de prevención de las actividades económicas sujetas a control por su propia naturaleza y de acuerdo con los nuevos retos sociales y ambientales “sobre todo, con los derivados de los objetivos de la transición climática” y con el marco regulatorio comunitario y estatal vigentes.

De hecho, Ángeles Vázquez ha incidido en que la Xunta aspira a situar Galicia en una “posición de vanguardia” respecto al resto de comunidades y para eso quiere dotarla de uno de los ordenamientos ambientales más modernos e innovadores de toda España, siguiendo los ejemplos recientes de Euskadi o Asturias, que aprobaron en los últimos años normas propias de intervención en este ámbito.

Así, la futura ley gallega garantizará que se cumplan los estándares de protección ambiental de la UE, que fue la punta de lanza de los últimos avances del derecho ambiental, e irá en línea con los objetivos del Pacto verde europeo, que ponen en el centro de las políticas de desarrollo socioeconómico el objetivo de la neutralidad climática en el año 2050.

Para conseguir estos objetivos y de acuerdo con la tendencia a clarificar los procedimientos administrativos, la nueva ley simplificará algunos de ellos, sin perjuicio del rigor en el análisis de los proyectos y del mantenimiento de un alto nivel de protección ambiental que garantice siempre el más estricto cumplimiento del ordenamiento comunitario en esta materia.

Asimismo, se apostará por la agilización de los procedimientos de autorización, licencia y evaluación ambiental, por la mejora de la coordinación entre las administraciones implicadas en la tramitación, fomentando la colaboración de todas las partes, y por una revisión de la definición de los instrumentos de prevención y control ambiental “como la autorización ambiental integrada” que actualice el régimen de algunos de ellos o mismo elimine los que se consideren innecesarios.

Más certeza y menos conflictividad

Frente a la dispersión normativa y para acabar con las posibles causas que generan inseguridad e incluso ponen en riesgo ciertas actividades y proyectos una vez autorizados, la futura ley buscará introducir una mayor claridad y certeza en el ordenamiento jurídico ambiental de Galicia, reforzando, de este modo, la seguridad jurídica de los operadores sujetos a la intervención ambiental por la naturaleza de sus proyectos y, también, la de las administraciones públicas que tienen que aplicar el referido marco legal.

Además, tal y como ha explicado la conselleira, gracias a la integración en un solo texto normativo de los diferentes instrumentos administrativos exigidos por el ordenamiento vigente, la Ley de administración ambiental simplificada también permitirá “prevenir o minimizar la proliferación de conflictos judiciales interpretativos” sobre la aplicación de dichas normas y, por lo tanto, proporcionará la seguridad necesaria para el asentamiento de actividades que requieren de una evaluación.

“Seguiremos trabajando para hacer de Galicia una tierra atractiva para invertir en la que, como no puede ser de otro modo y como hasta ahora, solo tendrán cabida los proyectos que respeten escrupulosamente la legislación en materia medioambiental”, ha concluido Ángeles Vázquez.