Santiago solicita a la Xunta la declaración de zona de mercado tensionado

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela aprobó este lunes la solicitud oficial para ser declarado zona de mercado residencial tensionado, una figura recogida en la Ley estatal por el derecho a la vivienda que permitiría al municipio adoptar medidas para frenar la subida del alquiler y acceder a fondos específicos para políticas habitacionales.

La petición, avalada por un informe técnico del Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña, será ahora remitida a la Xunta, que dispone de un plazo de seis meses para pronunciarse. Si no lo hace en ese tiempo, se abriría un procedimiento contencioso-administrativo.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, explicó que la declaración es un paso imprescindible para hacer frente a uno de los grandes retos de la ciudad: garantizar el acceso a la vivienda. “Es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y, por eso, consideramos prioritario actuar”, afirmó. Según detalló, la medida permitiría contener la escalada de los precios del alquiler y facilitar el acceso a financiación estatal.

La propuesta del gobierno local también incluye la ampliación del concepto de “gran tenedor” para que no se limite a quienes poseen diez o más viviendas, como establece la ley, sino que se aplique a propietarios con más de cinco. El gobierno local también solicita que la declaración afecte también a las viviendas vacías durante más de cinco años.

La solicitud va acompañada de un plan de medidas correctoras elaborado por el propio ayuntamiento y validado en dos reuniones de la mesa sectorial de vivienda, con participación de una veintena de entidades sociales y vecinales. Entre las medidas previstas figuran incentivos fiscales y otras herramientas de intervención pública.

Con esta petición formal, Santiago se convierte en uno de los dos únicos municipios gallegos (junto a A Coruña) que han activado este mecanismo para hacer frente a la tensión del mercado inmobiliario. El informe técnico acredita que la capital gallega cumple en todo su territorio al menos dos de los cuatro criterios necesarios para la declaración.

La portavoz municipal, Míriam Louzao, subrayó que esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno local con el derecho a la vivienda. Ahora, la decisión final queda en manos de la Xunta de Galicia.