La Xunta da el primer paso para gestionar sus competencias en los permisos de trabajo

El Gobierno gallego ha activado el procedimiento formal para reclamar al Estado la transferencia de competencias en materia de autorización de permisos de trabajo para personas extranjeras. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer lunes que el Ejecutivo autonómico ha solicitado un informe al Consello Consultivo de Galicia para determinar las "posibilidades legales" de asumir esta gestión.

La iniciativa se enmarca en lo que Rueda ha calificado como "autonomismo útil", una estrategia con la que el Ejecutivo gallego pretende ampliar su margen competencial en aquellas áreas que, según defiende, podrían ser mejor gestionadas desde el ámbito autonómico. "Queremos competencias que mejoren la vida de la gente", subrayó el presidente tras la reunión semanal del Consello de la Xunta.

La petición al Consultivo busca establecer el marco legal, los procedimientos y los pasos a seguir para hacer efectivo el traspaso. En concreto, la Xunta pretende gestionar tres tipos de autorizaciones: las iniciales para que una persona extranjera pueda trabajar en Galicia, los permisos para trabajos de temporada y los de larga estancia por motivos de estudios o formación.

Rueda señaló que la mejora en la tramitación de estos permisos permitiría una incorporación más rápida y eficaz de mano de obra en sectores con dificultades para cubrir vacantes, como el agrario, la construcción, el turismo o el ámbito sociosanitario. Además, esta medida tendría un impacto positivo en las políticas de retorno y en la lucha contra el reto demográfico que afecta a amplias zonas del rural gallego.

El presidente autonómico recordó que comunidades como Catalunya ya tienen transferidas estas competencias, mientras que el País Vasco está en proceso de conseguirlas. Por ello, defiende que "hay razones de sobra" para que Galicia también pueda asumirlas.

Esta reclamación se suma a otras que el Ejecutivo gallego mantiene abiertas, como la cogestión de las alertas meteorológicas, la titularidad de la AP-9 y la gestión del Ingreso Mínimo Vital, tras haber conseguido ya el traspaso de la gestión del litoral. Según Rueda, todas estas demandas forman parte de una hoja de ruta orientada a "mejorar la eficiencia y la cercanía de la administración autonómica con los ciudadanos".