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La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Sánchez Vicario Santacana

La tenista y Josep Santacana, acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes

Arantxa Sánchez Vicario.
Arantxa Sánchez Vicario.

El Juzgado de Instrucción Nº 4 de Barcelona dictaba ayer auto de apertura de juicio oral contra Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana. La causa responde a la querella criminal que el Banco de Luxemburgo interpuso contra la pareja en la primavera de 2015 tras varios intentos infructuosos de cobrar por la vía civil. Una aval impagado que se remonta a la multa que Hacienda impuso a la tenista en 2009 está en el origen del problema actual. Cerrado el período de instrucción, los abogados de ambos disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y el siguiente paso será la adjudicación del proceso al Juzgado de lo Penal que corresponda. La suerte está echada.

En noviembre pasado, la entidad crediticia presentó su escrito de conclusiones, en el que pedía para ellos cuatro años de prisión y 6.170.942 euros más intereses y costas procesales. Ayer trascendió el escrito de calificaciones fiscales, que pide cuatro años de prisión y esos más de seis millones como fianza, coincidiendo al cien por cien con la acusación particular. Si en noviembre Arantxa y Santacana fueron conscientes de que les esperaba el banquillo, ahora comienzan a asumir que la cárcel es un horizonte muy concreto que se aproxima a ellos más cada día.

La tenista afirma que está arruinada. Lo hizo público por primera vez en febrero de 2012 durante la presentación en rueda de Prensa de su libro biográfico «Arantxa ¡Vamos!» (La Esfera de los Libros). En aquel entonces, tras una lacrimógena alocución en defensa de su autonomía como mujer adulta y, por tanto, en unión férrea con su marido, arremetió contra los suyos. Les acusó de haberla anulado psicológicamente tomando decisiones por ella durante toda su vida, un proceso de manipulación que culminó con su ruina total. Los principales perjudicados eran su padre, ya fallecido, y su hermano Javier. Contra ellos y también contra su anterior equipo asesor legal venía de interponer una querella en Andorra dos años atrás por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Espoleada por un marido del que su familia no se fió jamás, estaba rabiosa y ciega de furia. Así, reprodujo la querella andorrana ante los juzgados de Barcelona. Arantxa debió entender que el destino le advertía de no caminar por el sendero correcto cuando perdió en Andorra (fue condenada en costas) y también en primera instancia en Barcelona. Era 2013.

Proceso de descapitalización

Tras apelar, llegó a un acuerdo extrajudicial con su familia y enterraron el hacha de guerra. No obstante, nunca buscó la paz con el Banco de Luxemburgo. Su respuesta, lejos de satisfacer la deuda que la entidad le reclamaba desde julio de 2010, consistió en acelerar un proceso de descapitalización total comenzado en enero de ese año al vender una casa unifamiliar en Bellver de Cerdanya (Gerona). Al hacerse pública su separación de Santacana en febrero de 2018, volvió a decir que estaba arruinada. Sin embargo, ese mismo mes conocimos el texto de una ampliación de la querella del banco luxemburgués según la que Arantxa se había deshecho de todo su patrimonio: casas, pisos y terrenos en Barcelona, Esplugues, Sant Just Desvern, Sant Cugat, Formentera, Platja d’Aro y Andorra. Esto nos trae al presente: la tenista y su ex marido deben responder por presuntos delitos de alzamiento de bienes o insolvencia punible.