El espectáculo que se vivió el pasado martes en los juzgados de Málaga deja una nueva imagen para la vergüenza: la de Isabel Pantoja y un escudo humano de guardias civiles incapaces de contener el asedio de reporteros, periodistas y fotógrafos. Una imagen que nos hace recordar lo vivido en 2012 cuando Isabel compartió el banquillo de los acusados con Julián Muñoz y Maite Zaldívar por el caso Malaya. Isabel acudía a la misma sala en la que, una década antes, fue condenada a dos años de cárcel, ocupando el mismo asiento que utilizó entonces Zaldívar, mientras que el otro acusado, considerado el autor material del delito, Antonio Pérez Porras, abogado de Codabe S.L, se sentaba avergonzado en un extremo. Según el fiscal, los acusados actuaron de acuerdo para beneficiarse mutuamente en perjuicio del querellante, Hormofer S.L, para levantar el embargo que pesaba sobre «Mi gitana», la casa que Pantoja compartió con Julián Muñoz, y venderla a un tercero, sin pagar a su legítimo acreedor. Está probado que, a mediados de 2015, en una operación de compraventa gestada in extremis tras el ingreso en prisión de la cantante, Agustín Pantoja firma con la sociedad Grand Fashion Banus S.L la venta del polémico chalet de su hermana y una parcela colindante en Nueva Andalucía (Marbella) por 2.255.476 de euros. Una semana antes de la compraventa, en la cárcel de Alcalá de Guadaira y ante notario, Isabel da poderes específicos a su hermano para vender las propiedades que están a nombre de Panriver 56 S.L, sociedad de la que ella es la administradora única y, por tanto, la única responsable ante la Justicia.

Durante la vista oral, Pantoja declaró que confió en su hermano Agustín para hacer la operación con la que intentaba «salvar su patrimonio»: «Es la única persona que tengo…él moriría por mí y no me haría ningún daño». Pero ni sus lágrimas ni sus explicaciones han convencido al fiscal que mantiene la petición de tres años de cárcel y pide que se declare nulo el negocio jurídico. Si sus peticiones son atendidas y el juez dicta sentencia condenatoria, Isabel Pantoja y el abogado de la constructora de Kantora Kopas, podrían acabar entre rejas y, al anularse la compraventa, la casa de Mi Gitana volvería a ser de la artista. Recuperaría la propiedad de dos parcelas en Nueva Andalucía, ya que el chalet fue demolido, y con este bien debería hacer frente a la deuda con Hormofer S.L de más de cien mil euros que le ha llevado ante el juez y a la posible reclamación de Huracán del Oeste, la sociedad radicada en un paraíso fiscal, que compró por más de dos millones de euros.