Inaplazable acto de justicia

El equipo de expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a quien el Ministerio del Interior ha consultado sobre el encaje constitucional de la reforma de la Ley Electoral –para que puedan ejercer su derecho a votar en el País Vasco y Navarra aquellos ciudadanos que se vieron obligados a exiliarse por el terrorismo de ETA–, ha dado una respuesta clara y diáfana, no sólo amparada en la jurisprudencia sino, también, en el sentido común. Así, parten de un hecho incontrovertible: que la violencia asesina etarra fue causa de una «diáspora vasca» que produjo, en consecuencia, una alteración del censo electoral en determinadas localidades del País Vasco y Navarra, puesto que de él fueron excluidos todos los que tuvieron que abandonar su domicilio «por causas no voluntarias, sino por la coacción del entorno etarra».

A partir de esta aseveración, los redactores del informe plantean que es de justicia reparar el daño y advierten de que «sólo desde un formalismo extremo, cuya sensibilidad hacia las víctimas resulta incompatible con el debido respeto a las mismas, podría objetarse que la pérdida del derecho al sufragio en el lugar de residencia obedece exclusivamente al traslado de domicilio y, por tanto, nada hay que reparar». La encuesta de NC Report, que hoy publica LA RAZÓN, sobre la influencia del voto de los exiliados en las próximas elecciones autonómicas vascas revela que se produciría un reajuste en el panorama electoral, pero sin suponer un cambio telúrico en el equilibrio de fuerzas actualmente existente en el País Vasco. El Partido Popular, cuyos simpatizantes fueron perseguidos con saña por los asesinos, ganaría dos escaños más, a los que habría que sumar el que le otorgan las últimas encuestas de intención de voto; el PSE no sufriría alteraciones, y Bildu y PNV perderían un escaño cada uno. Un panorama muy alejado del que presenta la furibunda reacción de los partidos nacionalistas, que hablan de «colonización a distancia», «marcha verde» y «aberración democrática», pero que nunca alzaron la voz cuando los vascos que pensaban diferente eran obligados a hacer la maleta bajo amenaza de muerte. Frente a estas muestras de sectarismo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha expresado su deseo de llegar al mayor consenso posible ante una reforma que afecta al sistema electoral. Su postura es loable, como procede en un hombre de profundas convicciones democráticas. Hay que reconocer que es difícil. Los que ejercieron el terror, lo ampararon, lo justificaron o miraron para otro lado nunca reconocerán su responsabilidad y el daño causado a tantas miles de personas. Lo que se impone es reparar una injusticia y hacerlo con la mayor celeridad posible. Desde luego, hay que intentar que sea antes de las próximas elecciones.