El PP exige auditar el sector público empresarial antes de reordenarlo

SEVILLA- El Parlamento convalidará la semana próxima el decreto-ley 6/2010 –que modifica el 5/2010– de reordenación del sector público empresarial. La mayoría absoluta del PSOE-A así lo garantiza, pese a que el PP-A insistió ayer en su derogación.

Los populares defenderán en el Pleno una Proposición no de Ley en la que solicitan una auditoría de funcionamiento y gestión de las empresas del sector público, fundaciones y entidades asimiladas como paso previo a la reordenación del mismo.

También reclaman que se abra la mesa de diálogo con todos los sindicatos y no sólo «los afines», como afirmó la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña. En su propuesta, solicitan que se incluya a expertos de reconocido prestigio en derecho administrativo y laboral.

La iniciativa del PP incluye la reducción del número de altos cargos, vehículos oficiales o la limitación de sueldos y dietas del personal de dirección.

Solicita la elaboración en el primer semestre de 2011 de un estatuto de los funcionarios públicos de la Junta, que se garantice el acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad y que ponga límites al «abusivo» procedimiento de libre designación como provisión de vacantes.

Exige que se frenen actuaciones que suponen una huída del derecho administrativo y se limiten las encomiendas de gestión.

En este sentido, Oña criticó que la empresa pública Sadesi haya licitado un contrato para personal administrativo porque recibe «mucha carga de trabajo». Para la portavoz del PP-A esta práctica es «inaceptable y fuera del sentido común», ya que son tareas que pueden asumir los funcionarios.

El consenso es difícil ya que el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, rechazó las propuestas de los populares, a los que calificó de «bravucones». Aseguró que se quedarán «solos» y anticipó que dialogarán con CSIF, Ustea y Safja, –además de CC OO y UGT– durante la tramitación del nuevo texto.

En este sentido, el sindicato Ustea confirmó a Ep que ha presentado un recurso contra el nuevo decreto ley 6/2010 ante el TSJA, tanto por la vía de lo social como por la vía de lo contencioso administrativo y prepara un recurso de amparo ante el TC.