El silencio del CNI obliga a Pedraz a cerrar la investigación sobre el rescate del «Alakrana»

La negativa del CNI a colaborar con el magistrado –a quien por dos veces dio calabazas amparándose en que la información sobre la liberación del buque está calificada secreta– ha sido definitiva para que el instructor haya decidido elevar el sumario a la Sala de lo Penal y dar por concluidas las pesquisas. Pedraz ya dio ese mismo paso en noviembre de 2009, pero la Sección Cuarta de lo Penal le ordenó el pasado febrero que retomara el asunto practicando más diligencias, entre ellas una nueva petición de información al CNI igualmente estéril.Ahora, el juicio contra los dos supuestos piratas somalíes detenidos y encarcelados en España, «Abdu Willly» y «Raageggesey Adji Haman», –cuya celebración llegó a ser casi una cuestión de Estado para desbloquear el secuestro– está un poco más cerca e incluso antes de final de año podría quedar visto para sentencia.A los dos procesados se les acusa de 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, pero no de asociación ilícita –como pidieron algunos de los secuestrados–, una posibilidad que abriría la puerta a que los marineros pudiesen recibir indemnizaciones en su condición de víctimas. Previsiblemente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no sumará a la acusación este último delito, según confirmaron fuentes fiscales, por lo que esas pretensiones de algunos miembros de la tripulación no se verían satisfechas.A instancias del fiscal Jesús Alonso, Pedraz pidió al CNI toda la información relativa a la intervención en el pago del rescate, bien como intermediarios, bien como destinatarios del dinero (cifrado en 2,7 millones de euros según diversas informaciones), «de personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores». Pero los servicios de Inteligencia hicieron oídos sordos al requerimiento amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. El CNI dejó claro que si el Gobierno no acordaba desclasificar esos papeles, no había nada que hacer. Ni la Fiscalía ni las acusaciones han solicitado finalmente esa medida, que el juez tampoco ha instado convencido como está de su inoperancia.Eso sí, entre las diligencias que el magistrado ha ordenado para esclarecer este asunto figura un informe policial fechado el pasado enero que concluía que «en principio» la empresa armadora del buque, Echebastar Fleet S. L.U., «no realizó ningún pago» para conseguir la liberación.